Su regreso a la gubernatura de Sinaloa, bajo el peso de una investigación abierta en la FGR, sacudió a la clase política nacional, a los mexicanos y abrió una fractura que alcanza incluso a Morena, su propio partido.
Tras hacerse público su retorno al cargo —que le otorga fuero constitucional—, Rocha quedó nuevamente al frente de una entidad que vive una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa. El gobernador se había separado del puesto el 1 de mayo pasado, tras la revocación de su visa estadunidense y los señalamientos del Departamento de Justicia de EU por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Y aparece de inmediato el teatro, el show, la mentira, pues la Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, dejó claro en un comunicado que Rocha Moya no consultó su decisión. Subrayó que la reincorporación responde “exclusivamente a una determinación de carácter personal” y precisó que la FGR mantiene carpetas de investigación activas contra 10 personas, él incluido, vinculadas con los señalamientos por parte de EU.
Sin embargo la justicia mexicana, el gobierno federal no lo ha logrado capturar, y no es creíble que después de esconderse así de simple regresó al cargo para caminar tranquilamente a tomar posesión del mismo.
Lo que hizo es un claro reto a las autoridades mexicanas que no lo pueden detener, una provocación evidente a los Estados Unidos, mensaje claro que les envía que la soberanía de México no les va permitir entrar por él, pues está protegido por el gobierno morenista del cual forma parte.
La dirigencia nacional de Morena también se desmarcó, aclarando que no tuvo conocimiento previo de la determinación y enfatizó que es un acto individual. También los mexicanos sabemos el montón de mentiras que dicen en Morena, por lo tanto no se les cree que no hayan tenido conocimiento, pues su líder fundador dijo que el Presidente, en este caso Claudia Sheinbaum tiene conocimiento de todo y esta a su vez, lo hace saber a sus súbitos.
La oposición reaccionó con dureza. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, calificó el retorno como una barbaridad que daña la credibilidad política. A su vez, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano desconocieron a Rocha Moya como gobernador legítimo, señalando que sigue pendiente una solicitud de extradición por parte de EU y calificando la acción como una afrenta que desató la violencia en la entidad. Jorge Romero (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jorge Álvarez Máynez (MC) coincidieron en que el sinaloense actúa bajo un manto de impunidad.
Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que “en política no hay casualidades” y vinculó el regreso con otros eventos judiciales relevantes, como la extradición de un mando naval y testimonios sobre el caso Cuén. Exigió que el fuero no sea utilizado como marco para la impunidad. © 2026 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
Y es que el Departamento de Justicia estadunidense lo vincula junto con otras 10 personas con presuntos actos de corrupción relacionados con el narcotráfico. © 2026 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
No obstante, después de su reincorporación como gobernador de Sinaloa —entidad que lleva prácticamente dos años en guerra entre las bandas de Los Chapitos y Los Mayitos, que antes formaban parte del Cártel de Sinaloa— Rocha Moya justificó su regreso y aseguró que no había investigaciones en su contra.
La protección que le da el gobierno federal se comprueba con la actitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ha solicitado de manera reiterada a Estados Unidos que aporte pruebas para sustentar las acusaciones cuando existe el general Mérida, que fue su secretario de seguridad, quien ya se entregó a las autoridades estadunidenses y ahora es un testigo protegido. Y el gobierno federal morenista exige pruebas.
