El dictamen fue avalado la semana pasada sin contratiempos en la primera comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, pues los partidos de oposición no asistieron a la sesión.
Ahora, el Pleno de la Permanente aprobó el dictamen, pese a las denuncias del PAN y Movimiento Ciudadano sobre casos de nepotismo y que algunos perfiles tienen un claro conflicto de interés.
Los 20 magistrados regionales
Maricela Lecuona González está señalada como partícipe en la trama de corrupción que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto conocida como la Estafa Maestra, pues en la entonces Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) firmó convenios con universidades que provocaron desvíos de más de 3 mil millones de pesos. Actualmente se desempeña como abogada general de la Secretaría de Salud.
También fue ratificado el militar Miguel Carrasco Hernández, fiscal general de Justicia Militar, además de Rosendo Gómez Silván, hijo del fiscal que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
Asimismo, fue aprobado como magistrado Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, diputado local de Morena en Guanajuato e hijo de Ernesto Prieto Ortega, titular del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INADEP).
Además de Aarón Marino Álvarez Montiel, director General Regional de la Secretaría de Gobernación; Magaly Irais Mendoza Ríos, jefa de Auditoría Interna de Pemex; Consuelo Rodríguez Aceves, subdirectora de Transparencia de Fonatour-Tren Maya y Carlos Bojórquez Hernández, director de Normatividad y Consulta del INADEP.
Las otras ratificaciones fueron para María de los Ángeles Jasso Cisneros, Claudia Angélica Nogales Gaona, Diana Tecontero Juárez, Edgar Armando Aguirre González, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, Ely Cruz Pérez, Surit Berenice Romero Domínguez, Francisco Medina Padilla, Ricardo León Caraveo, Pedro Rodríguez Chandoquí, Fátima González Tello y Luis Alfredo Mora Villagómez.
Oposición rechaza ratificación
Legisladores de oposición rechazaron los nombramientos que envió el presidente al considerar que no cumplen con los requisitos de elegibilidad para ser magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La senadora Laura Ballesteros Mancilla de Movimiento Ciudadano dijo que entre los perfiles hay 10 con un “serio conflicto de interés, un militar y otro más con redes de nepotismo”.
“Por eso les digo, sí son iguales, sí son iguales a los de la vieja política”, acusó. Ballesteros recordó que el TFJA es el encargado de resolver los juicios de los particulares en contra de los actos de la administración pública federal.
Mientras que el diputado morenista Hamlet García Almaguer presumió que se aprobaron magistraturas “sin cuotas ni cuates” y que los perfiles que envió el Ejecutivo Federal cumplen con los elementos necesarios por su “trayectoria, capacidad y valores”.
“Tendrán carrera, pero lo que les afecta es su cercanía con el Presidente. De los 20, únicamente cuatro son los idóneos porque tienen servicio profesional judicial; es gente que ha demostrado su capacidad. Necesitamos ver nuevas caras y que no tengan la consigna”, dijo por su parte la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez del PAN.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con una Sala Superior, 51 Salas Regionales y 12 Salas Especializadas, y sus competencias tienen que ver, entre otros, con asuntos fiscales y administrativos, entre ellos responsabilidades de servidores públicos. Ahí se resuelven asuntos referentes a concesiones, permisos y obra pública.
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