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La Reforma Política de 1977, marcó el inicio de la transición democrática en nuestro país, a través de diversas reformas electorales impulsadas por los partidos de oposición y la sociedad civil que demandaban un árbitro electoral independiente, elecciones limpias y una mayor representación de todas las fuerzas políticas.
El respeto a las diferentes opiniones, la tolerancia, el pluralismo y el diálogo se ejercieron como elementos primordiales de entendimiento y de la convivencia dentro del espacio de lo público. Así se logró en el año 2000 la alternancia en la Presidencia de la República y así también que Morena accediera al poder en el 2018.
Por más que quiero ser optimista con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y la promesa de “escuchar a todos”, la experiencia en este mandato morenista nos dice que el Ejecutivo o desde otro lado, deciden y en las cámaras del Congreso, sin ningún análisis, se aprueba tal cual.
Por lo mismo, creo que nos encontramos a las puertas de una reforma electoral regresiva que busca que el actual gobierno se perpetúe en el poder, disminuyendo la pluralidad, la competencia y controlando totalmente al árbitro electoral.
Preocupan las intenciones de la presidenta junto con el antecedente de la iniciativa de la Reforma Electoral presentada por el anterior presidente, que con un discurso retórico pretenden la eliminación de la representación proporcional, la desaparición de los OPLES, la disminución del financiamiento público a los partidos, minimizar al INE y la elección por voto popular de consejeros y magistrados electorales.
Eliminar la representación proporcional, terminaría con el pluralismo político y serviría para consolidar un régimen de partido único y volver a concentrar el poder en una sola persona.
La reducción del financiamiento público va incrementar la penetración de la delincuencia organizada en las campañas electorales y el control de las autoridades. Disminuir el presupuesto a los órganos electorales y la elección popular de sus integrantes debilitará su autonomía, eficiencia y pondrá en riego su independencia.
En el PAN, no vamos a admitir una reforma sin el consenso de la sociedad civil y de los propios partidos. No vamos a avalar una reforma que esconda el interés de dinamitar a las autoridades electorales, debilitar el sistema de partidos y las instituciones democráticas.
Hemos propuesto alternativas claras, como un sistema de representación pura que refleje fielmente el voto ciudadano; la segunda vuelta en la elección presidencial; la nulidad de la elección cuando haya intervención del crimen organizado; voto electrónico y elecciones primarias.
La prioridad debe ser clara: defender la voluntad ciudadana, contar con instituciones fuertes, confiables e independientes y detener el involucramiento del crimen organizado en las campañas.
México cuenta con el PAN para defender la democracia, las instituciones y la libertad.
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