Santiago Chávez Chávez, diputado priista por el municipio de Tecomán, presentó una iniciativa para que los elementos de seguridad pública que temporalmente realizan labores policiales sin ser parte de las instituciones, porque aún no cursan o no han aprobado los exámenes de control y confianza, gocen de seguro de vida, atención médica y hospitalaria.
La iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, propone que las prestaciones contempladas para los elementos policiales en activo en caso de muerte, se apliquen a las personas que desarrollan transitoria y provisionalmente actividades policiacas y pierdan la vida en algún operativo, aunque no cuenten con el nombramiento de integrante de cualquier institución de seguridad pública, estatal o municipal.
A nombre de los diputados del PRI, PT, PVEM y Nueva Alianza, Chávez Chávez dijo que ante la insuficiencia de aspirantes calificados para integrar las instituciones de seguridad pública, las corporaciones policiacas asignan, transitoria y temporalmente, elementos que aún no aprueban los exámenes de control y confianza exigidos.
Indicó que esos elementos asignados de manera temporal a tareas de seguridad pública, carecen del beneficio de derechos que protejan a sus familias en el caso de la pérdida de sus vidas o a ellos mismos si resultan con lesiones que afecten su salud.
“Al no ser considerados elementos de seguridad pública, las actuales hipótesis legales no los tienen regulados como tales, y por ello no pueden ser objeto de estas prestaciones sociales indispensables para ellos y sus familias”, lamentó Santiago Chávez.
Aludiendo al principio constitucional pro persona, cuyo cumplimiento obliga a los tres órdenes de gobierno, el diputado priista consideró necesario que la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos de esos elementos actualmente desprotegidos.
Finalmente, insistió en la necesidad de proteger a los elementos policiales que aún no son calificados como tales y que eventualmente resulten dañados en su vida o salud, durante actividades y operativos implementados por la autoridad de seguridad pública que se lleven a cabo para proteger a la comunidad
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