Indira Vizcaíno entre los gobernadores con la peor aprobación del país
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, está entre los tres gobernadores con la peor aprobación del país de acuerdo con diversas encuestas.
En la Evaluación de Gobierno con corte hasta junio de Consulta Mitofsky la mandataria ocupa el puesto 29 de 32 gobernadores; mientras que en el ranking de México Elige del mismo periodo está en el puesto 31.
Según Mitofsky, el 60.3% de los colimenses está en desacuerdo con la gestión de Vizcaíno Silva; el 39.6% está de acuerdo, y 0.2% no tiene una posición con respecto a su administración.
En la medición de México Elige la gobernadora de Colima apenas alcanza el 23.9% de aprobación, perdió seis puntos porcentuales durante el último mes y pasó del puesto 30 al 31, solo por encima del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila.
Popularidad que no despunta
La popularidad de la mandataria morenista no despunta tras ocho meses de gestión, durante los cuales se dio el recrudecimiento de la violencia por la disputa de dos grupos del crimen organizado que ha dejado 468 homicidios dolosos entre enero y junio de 2022.
Cabe señalar que, desde finales de marzo, Vizcaíno delegó la respon-sabilidad de informar sobre las labores de seguridad al vicefiscal, Gustavo Adrián Joya, y ha emitido muy pocos posicionamientos con respecto a la ola de violencia, motivo por el que ha sido cuestionada.
Vizcaíno Silva también recibió críticas por sus constantes viajes fuera del estado para hacer proselitismo político durante el pasado periodo electoral; así como eventos del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal. En abril se le preguntó a la mandataria sobre la frecuencia de sus viajes ante lo que reviró que todos eran en beneficio del estado.
Colima, primer lugar en homicidios dolosos del País
Colima tiene el primer lugar de los estados de la República Mexicana, con el mayor índice de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
Así lo dio a conocer, durante la conferencia matutina diaria del gobierno federal, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Luis Crescencio Sandoval González, en donde además de Colima, nombró a los nueve estados que le siguen en violencia.
Al presentar una gráfica “Homicidios Dolosos por cada 100 mil habitantes al mes de agosto”, encabeza la lista el estado de Colima, gobernado por la morenista Indira Vizcaíno Silva, seguido por Baja California, gobernada por la también morenista Marina Ávila; Chihuahua, con María Eugenia Campos, del PAN; Zacatecas, con David Monreal de Morena; Morelos, gobernado por Cuauhtémoc Blanco, de la alianza Morena-Encuentro Solidario; Guanajuato, con Diego Sinhue Rodríguez, del PAN.
También, Sonora con el gobernador Alfonso Durazo, de Morena; Michoacán, con el morenista Alfredo Ramírez Bedolla; Guerrero, con la morenista Evelyn Salgado y Quintana Roo, con la morenista Mara Lezama.
De los diez estados más violentos, destaca que ocho son gobernados por Morena.
Indira Vizcaíno, un año de excesos financieros, aumento de violencia y cero combate a la corrupción
Indira Vizcaíno Silva llega a su primer año de gobierno con una aprobación de apenas el 30 por ciento, 900 personas asesinadas, una deuda bancaria a corto plazo de 800 millones de pesos, sin obras o inversiones que detonen el desarrollo del estado y con la mancha de haberse aumentado el sueldo en un 35 por ciento en un año donde convocó a la austeridad.
En 2021, durante los últimos meses del gobierno del priista, Ignacio Peralta Sánchez, la candidata Indira Vizcaíno Silva ofreció “nuevos tiempos” para Colima y sostuvo que el régimen de corrupción e impunidad que por 80 años había gobernado en Colima estaba a punto de llegar a su fin.
En su calidad de gobernadora electa, acusó a su antecesor, Ignacio Peralta Sánchez de ser el responsable del desastre financiero que heredó su gobierno, y se comprometió a castigar a los responsables de haber dejado durante meses a miles de trabajadores sin su salario y de utilizar el recurso público para presuntos actos de corrupción.
UN ESTADO CON ESCASAS OBRAS Y MUCHAS PROMESAS
El pasado 6 de septiembre, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva presumió que su gobierno ha invertido más de 600 millones de pesos en obras, sin embargo, reconoció que solamente el 10 por ciento de esas acciones están terminadas, en tanto el 60 ni siquiera han comenzado.
En la conferencia, la gobernadora refirió que culminará 336 obras, con una inversión que supera los 660 millones de pesos. Sostuvo que de las 336 obras que se harán, 272 son obras en materia básica del ramo educativo e hidroagrícola y 64 en materia de salud.
Por su parte, la titular de la secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León refirió que algunas de las obras están concluidas, otras en proceso y la mayoría se arrancarán en los últimos cuatro meses del año, pero hasta el momento no hay mayor información al respecto, por ejemplo, los montos, los lugares en los que se realizarán las obras, las fechas de inicio y conclusión y el nombre de la empresa responsable.
IMPUNIDAD ANTE EL SAQUEO
Al haber llegado al gobierno por un partido diferente al PRI, la gobernadora prometió que no habría cacería de brujas, pero tampoco “perdón ni olvido” para aquellos que dilapidaron los recursos del estado.
En distintas entrevistas señaló que el desastre financiero en Colima tenía nombre y apellido y era Ignacio Peralta Sánchez, pero a un año del gobierno, el exmandatario no tiene ninguna investigación sólida y con avances contundentes que permitan suponer que el combate a la corrupción es una realidad en el estado, por el contrario, operadores de Ignacio Peralta forman parte del gabinete estatal como Francisco Rodríguez García, actual secretario de Desarrollo Económico, y quien en su etapa como diputado era el responsable de vigilar el destino del crédito de 740 millones de pesos que ahora se sabe, el gobernador Peralta ejerció con irregularidades, según denunció la propia Indira Vizcaíno Silva.
También, como presidente del Consejo de Morena fue electo, el regidor, Guillermo Toscano Reyes, otro de los operadores del exgobernador Ignacio Peralta en la pasada legislatura y a quien se responsabilizó de haber promovido la contratación del crédito de 740 millones de pesos que pagarán los colimenses durante los próximos 20 años. Tampoco se ha investigado la presunta compra de los terrenos de la zona militar, a pesar de que el OSAFIG documentó que los 200 millones de pesos que el gobierno de Peralta solicitó para la adquisición de la reserva territorial –la compra de los terrenos- se usaron para otra cosa. Dichos terrenos fueron donados por la federación a los colimenses, pero el gobierno anterior simuló la compra.
Incremento de sueldos de la gobernadora y sus funcionarios
En su primer año de gobierno y con un discurso de austeridad, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y 24 de sus funcionarios de primer nivel fueron evidenciado con un aumento de sueldo entre el 24 y hasta el 63 por ciento.
El 19 de julio de 2022, nuevamente el líder de los burócratas de gobierno, Martín Flores Castañeda denunció el hecho y dijo la gobernadora Indira Vizcaíno Silva registró un aumento salarial del 36.5 por ciento pues de ganar 96 mil 374 pesos pasó a 131 mil 511 pesos con 28 centavos, lo que representa 35 mil 137 pesos de incremento.
Los funcionarios que obtuvieron un 63 por ciento de incremento fueron el director general de Ingresos, Alberto Cortez Martínez, así como el director general Jurídico de la Subsecretaría de Administración, Asdrúbal Enríquez Melgar, ya que sus sueldos pasaron de 44 mil 247.32 a 72 mil 331.20 pesos al mes.
Al aumento se sumaron la directora de Egresos, Laura González Ávalos, de 61 por ciento; la secretaría general de Gobierno, María Guadalupe Solís Ramírez, 54 por ciento; el secretario de Oficina de la Gobernadora, Eduardo Jurado Escamilla, 54 por ciento, además de la secretaría de Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio con 54 por ciento.
Al número de funcionarios con aumento de sueldo se suma el de la contralora general, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, con 50 por ciento; el secretario de Administración, Víctor Manuel Torrero con 48 por ciento; el director general de Recursos Humanos, Pablo Galindo Morales, 46 por ciento; el consejero Jurídico, Roberto Rubio, 44 por ciento.
El 22 de julio y tras haber sido exhibidos, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva reconoció el aumento salarial, dijo que se revertiría y en su caso, regresaría el dinero que había percibo por este incremento durante los meses de abril, mayo y junio.
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