miércoles, 25 de septiembre de 2013

Funcionario Delincuente Elías Córdoba López Escalera

El pasado 13 de julio circulaban dos camionetas de tres toneladas marca Dodge, con placas del estado de Veracruz sobre la autopista México-Puebla, las cuales pretendían ingresar al Distrito Federal repletas de mercancía de importación. En esos momentos el transitar de ambas camionetas en caravana y altas horas de la noche, generó el seguimiento de las cámaras de seguridad del centro de mando instalado en la capital del país, quien reportó a unidades terrestres el sospechoso actuar de las unidades que eran conducidas en los límites de Iztapalapa y el Distrito Federal, para que la policía del Estado de México y del Distrito Federal les marcaran el alto y así, poder revisar la legalidad de las mismas.

Más de ocho unidades policiacas se acercaron para realizar el operativo de seguridad, quienes al momento de marcarles el alto y verificar la legalidad de la mercancía que transportaban las unidades de carga, encontraron la falta de documentación para acreditar la legitima procedencia tanto de las unidades que resultaron robadas, como de los objetos que eran transportados para su venta en la colonia Morelos, del Distrito Federal, de manera específica en el barrio de Tepito. Todo de acuerdo a las declaraciones de los custodios y tripulantes de ambas camionetas, quienes después de ser interrogados dieron su testimonio que confirmaba su ilegal actividad.
Al momento de ser revisadas las cabinas de ambos vehículos, se logró detectar dos armas largas calibre 762 tipo AK 47, una arma corta calibre 9 milímetros marca Glock y tres cargadores abastecidos. Ante el aseguramiento se dio parte a autoridades federales, quienes de inmediato tomaron conocimiento del asunto y aseguraron a los detenidos quienes resultaron formar parte de una célula perteneciente a un cartel de la delincuencia organizada.
Resultando de los propios testimonios de las personas aseguradas, que parte de la mercancía de importación había sido adquirida en el estado de Puebla y que formaba parte de un lote que buscaba ser cambiado por armas de fuego en el mercado negro del barrio de Tepito, para el uso particular del grupo criminal al que pertenecían. Por la gravedad de los señalamientos se hizo cargo de la pesquisas la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, mejor conocida como (SEIDO).
Derivado de las investigaciones trascendió que hubo dos aseguramientos más, que correspondieron a las personas que eran los encargados de abastecer y cargar las unidades con los productos de origen ilegal. Quienes al momento de ser interrogados, manifestaron que se sentían tranquilos en los cargos que se les pretendían imputar por la probable ilegalidad de la mercancía asegurada, al tener conocimiento que formaba parte de un lote que había salido de las bodegas de la Dirección de Verificación del Comercio Exterior, del gobierno del estado de Puebla, y que al haber sido obtenida como el resultado de operativos de una autoridad, no podían ser enjuiciados por robo u otro ilícito semejante.
Las indagatorias prosiguieron y todos los datos recabados lograron establecer la existencia de serias irregularidades en el resguardo de las mercancías aseguradas por parte de la Dirección de Verificación del Comercio Exterior, señaladas por empleados adscritos a la Secretaria de Finanzas local, quienes confirman que al existir un ambiguo marco legal para el aseguramiento de mercancías por parte de esta recién creada dirección, y no contar con los instrumentos jurídicos necesarios para el destino final de los objetos asegurados por que la mayoría de los procedimientos administrativos ejecutados por esta autoridad local, a cargo de su titular de nombre Elías Córdoba López Escalera, están viciados de origen por no estar apegados a la constitución general de la república, hace presa fácil de malos manejos a una buena parte de las mercancías obtenidas por esta autoridad administrativa local.
De los informes rendidos por investigadores de la SEIDO, se deprende que empleados de esa misma dependencia proporcionaron información y fotografías a los agentes, que establecen un drástico cambio de vida del titular de esta Dirección de Verificación del Comercio Exterior, quien utiliza trajes y camisas a la medida, diversos relojes de marcas europeas que se cotizan en dólares, así como la adquisición de vehículos y motocicletas que no corresponden al salario de un funcionario de cuarto nivel en el organigrama de la dependencia.
Al continuar la investigación resultaron diversas pruebas e imágenes que acreditan la portación de diversas armas de fuego, por parte del funcionario investigado que está adscrito a la secretaria de finanzas del gobierno del estado de Puebla, como lo demuestra la fotografía que aparece en la portada de esta edición impresa, y en la cual se exhibe a Elías Córdoba López Escalera armado al interior de una dependencia estatal de carácter civil y con simples manejos administrativos.
Todos estos hechos concatenados, establecen una conducta antisocial y de posibles orígenes delictivos, que pueden presumir la posible comisión de diversos ilícitos generados por una sola persona al interior del gobierno del estado de Puebla.
Al momento del cierre de este artículo las investigaciones del caso continúan, los seis detenidos ya fueron consignados por la portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y se encuentra continuada la averiguación previa por los delitos de delincuencia organizada y lo que resulte.
Los buenos jefes y los malos 
subordinados
La actual administración estatal en Puebla, se mantiene caracterizada por un conglomerado de funcionarios exitosos en su rubro y cuidadosos de las formas en sus actividades personales y de gobierno, no obstante la infiltración de funcionarios de bajo nivel de reciente ingreso en las políticas públicas, ha logrado ensombrecer ya en algunas ocasiones a la actual administración del gobernador Rafael Moreno Valle.
El año pasado se generó una muestra clara de la deslealtad institucional de algunos servidores públicos en Puebla, como el caso de los dos empleados del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) (secretario particular y escolta del secretario) que fueron detenidos al momento de robar una motocicleta en el fraccionamiento La Vista Country Club y que presuntamente después fue vendida en 8 mil pesos en Huauchinango, logrando documentarse el robo mediante un video de seguridad. En la actualidad permanecen detenidos y sujetos a proceso ambos ex empleados estatales. Este escándalo ocasionó que inmediatamente presentara su renuncia el titular de esa dependencia, Mauricio Tornero Salinas y que el gobernador Rafael Moreno Valle la aceptara. (CONAPE/ACENTO21)

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