Dicha demanda fue interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), en contra de Grupo México, la española Acciona y otras tres razones sociales de la constructora ICA.
La demanda, que fue admitida el pasado 13 de mayo por el Juzgado Octavo de Distrito en Material Civil en la Ciudad de México, reclama daños iniciales de las obras por hasta 27 mil millones de dólares que, en caso de que la justicia sentencie a favor de la ONRE, deberán pagar las constructoras.
“Que sean constructoras poderosas no nos inhibe; al contrario, nos estimula. Y nuestro mensaje en esta demanda es claro: sin Manifestación de Impacto Ambiental y sin todos los permisos, no hay obra. Y si no saben el impacto ecológico que tendrán las obras del tren en cuevas y cenotes, tampoco puede haber obras”, dijo Jesús Alberto Guerrero, director de la ONRE, asociación civil que se ha especializado en la representación colectiva de afectados por políticas públicas o acciones de privados.
Guerrero explicó que para presentar la demanda 60 científicos elaboraron un expediente de más de 300 fojas, en el que se denuncia que más de 240 hectáreas de obras del Tren Maya ya provocaron “una devastación total de selva media y alta, que está en excelente estado de salud”.
“Estamos demandando por 27 mil millones de dólares a las empresas directamente, porque ellas son responsables del ecocidio”, recalcó el director de la ONRE, que advirtió que la lista de empresas demandadas puede aumentar próximamente a 30 compañías.
“Vamos a pegarle a estas empresas en la cartera. Es una demanda de tú a tú en contra de ellas. Porque nadie va a hacer negocio cortando árboles, matando animales o contaminando el agua”, hizo hincapié Guerrero.
El pasado 13 de mayo, en un recurso legal distinto, un Tribunal Colegiado confirmó una suspensión provisional que frena las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo.
Con esto, el tribunal avaló la resolución de un juzgado que puso en pausa la construcción, luego de considerar que el Tramo 5 no tiene la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente.
Esta suspensión provisional se deriva de un amparo promovido por diversas organizaciones civiles, entre ellas, Defendiendo el Derecho a un Medio Sano (DMAS).
Integrantes de DMAS dijeron a Animal Político que aún falta que el juzgado determine si dará o no una suspensión definitiva. El pasado viernes, la audiencia en la que se definiría esto fue diferida hasta el próximo 27 de mayo. (www.msn.com)
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