La reforma a la Ley de Amparo, que entró en vigor el pasado lunes 17 de junio del 2024, es parte de un proceso para acabar con el Poder Judicial como existe ahora y dejar que el Gobierno pueda hacer lo que desee con los derechos de los ciudadanos, sostuvo Ernesto Avilés, vocero de la Federación de Colegios y Barras de Abogados.
Manifestó el litigante que la sociedad en lo general no está consciente de las afectaciones que vendrán por los cambios a la Ley de Amparo, entre los que destaca que las suspensiones provisionales del acto señalado ya no serán generales y solamente serán aplicadas en lo particular.
“Esto representará que si se trata de un hecho que dañe a varias personas, la situación permanecerá igual, porque solamente quien tuvo el recurso económico para promover el amparo será el beneficiado, y eso hasta que concluya el proceso del juicio”, indicó.
“Un ejemplo es lo que puede pasar con las Afores, que una persona tramite un amparo porque le están quitando sus ahorros, la resolución será solamente para esa persona y se le dará el dinero, pero a todos los demás no; es algo que las personas lo van a notar, porque es algo que vienen a acabar con el Poder Judicial y para 2025, cuando sean las elecciones de los magistrados, tendremos personas que no estarán especializadas”, expresó.
Otra de las afectaciones es que las suspensiones provisionales en los casos no penales no podrán aplicarse, solamente al finalizar el juicio del amparo. Esto significa que una obra pública que esté destruyendo el medio ambiente no podrá ser detenida, a pesar de que carezca de pruebas ambientales que la avalen.
Recalcó que uno de los afectos más importantes de la generalidad de que las suspensiones sean generales fue posible verlos en la pandemia, ya que los jueces ordenaban que si se solicitaba que un niño tuviera acceso a la vacuna, todos tuvieran ese mismo derecho.
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