COLIMA, COL.-La diputada Ana Karen Hernández Aceves, presidenta de la comisión de igualdad de género del Congreso del Estado, presentó iniciativa para reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, con el fin de que la secretaría de seguridad pública, en coordinación con la secretaría de salud, brinde atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres recluidas en centros penitenciarios.
El Decreto presentado al pleno del poder legislativo, adiciona la fracción VIII del artículo 60 bis 2 y la fracción VII al artículo 71 de esa ley, para formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres.
El artículo establece que las medidas de atención en violencia de género, consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales con calidad y calidez, para el empoderamiento y desarrollo integral de sus potencialidades; las dependencias del sistema estatal deberán informar a la víctima cuando su agresor recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes.
En tribuna, la legisladora del partido del Trabajo expuso que la violencia es tema que lastima a todas las sociedades, no discrimina y lamentablemente en todos los estratos sociales su presencia fragmenta lazos culturales y familiares.
“Organismos internacionales han encendido las alarmas debido al incremento de ese fenómeno y de acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS), cada año más de 1.4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia”.
Resaltó que en todo el mundo se han implementado campañas para evitar la violencia hacia las mujeres; las agresiones hacia el género femenino no sólo se traducen en violencia física, también psicológica, patrimonial, económica y sexual, son modalidades que pocas veces se abordan.
Hernández Aceves indicó que la mayoría de personas desconocemos los aspectos cruciales sobre la violencia, “al estudiar y conocer los aspectos que generan violencia, podemos identificar patrones para prevenir situaciones de riesgo”.
Todas las instancias de gobierno en violencia familiar, deberán desarrollar modelos de atención, prevención, sanción y erradicación, para proteger a las víctimas de violencia familiar, garantizar a las mujeres su seguridad y ejercicio de sus derechos humanos, en donde se impulse la atención psicológica y jurídica de mujeres víctimas de violencia, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por esa violencia.
“Considero pertinente proponer que se brinde la atención a la víctima al hacerle saber cuándo su agresor se encuentre en libertad y ella pueda tomar las medidas pertinentes”, insistió la legisladora manzanillense.
Destacó la violencia obstétrica, entendida como toda conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud, directa o indirectamente, que afecta a mujeres durante su embarazo, parto o puerperio, mediante el trato deshumanizado, omisión de atención oportuna y eficaz, así como prácticas sin consentimiento como esterilización o realizar la cesárea sin motivo.
Ana Karen Hernández propuso establecer entre las funciones de la secretaría de seguridad pública, garantizar que se evite cualquier afectación por acción u omisión cuando una mujer embarazada está privada de su libertad, pues se deben salvaguardar plenamente sus derechos humanos y los de su hijo, en situación de por sí complicada como es estar en prisión; “debemos fomentar ámbito de respeto, tratando a los demás como nos gustaría que nos traten”, concluyó./ Raúl Avila
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