Dos servidores públicos involucrados en un acto de corrupción, aspiran convertirse en titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) del Estado.
Se trata de Jesús Alejandro Silva López y Carlos Antonio Pozos Valdez, trabajadores del Órgano fiscalizador que en 2014 fueron señalados, junto con la entonces presidenta del OSAFIG, María Cristina González Márquez, de haber utilizado en 2012 recursos para beneficiar la campaña electoral del PRI.
Según se exhibió en su momento, los hoy aspirantes a auditor y González Márquez, adquirieron un vehículo con recursos del organismo y lo asignaron al partido tricolor, esto a petición del priista Rigoberto Salazar Velasco, actual secretario de Desarrollo Social.
Aunque el Congreso del Estado inició un proceso de investigación para deslindar responsabilidades, pues Silva López era asesor jurídico del OSAFIG y Pozos Valdez responsable del auto entregado al PRI, en noviembre del año pasado el Legislativo desistió de la indagatoria luego de que María Cristina González Márquez presentara su renuncia como titular del órgano fiscalizador.
Además de estos dos polémicos aspirantes, también quiere dirigir el OSAFIG el presidente de la Canacintra, Emilio Carrillo Preciado, la única cámara empresarial que no firmó un reciente desplegado en donde la iniciativa privada mostraba su preocupación por la situación financiera local y exigía castigo para los responsables.
Otros competidores son Ruperto Cruz Huerta, Juan Carlos Flores Gaspar, Humberto García Ruelas, María Teresa Nielsen Calderón, Luis Ocón Heredia, Rocío de la Merced Olivera, Miguel Ángel Preciado, José Luis Sánchez, José Antonio Ruiz, Jesús Alejandro Silva López, Héctor Manuel Valdés y Carlos Armando Zamora González.
Los 14 aspirantes serán por los integrantes del Legislativo hasta este 25 de agosto, después los diputados locales elegirán a tres finalistas entre los que saldrá en nuevo titular del OSAFIG.
El próximo viernes podría sesionar el Congreso de Colima para determinar quién será el encargado o encargada de fiscalizar el dinero público estatal. (Avanzada)
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