La finalidad, explicó, es no entorpecer las investigaciones que actualmente realiza la Procuraduría General de la República (PGR), así como las realizadas al interior de Pemex, salvaguardando de esta manera el sigilo en dichas investigaciones y las garantías de las partes que, en todo caso, pudieran estar involucradas.
Así lo disponen, precisó, los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás relativos y aplicables, por la que se encuentran ante una formalidad procesal.
Explicó que como es del conocimiento de la Cámara de Diputados, la PGR investiga un presunto “fraude” cometido por Oceanografía en perjuicio de Banamex y, adicionalmente, como lo ha señalado el director general de Petróleos Mexicanos, se ha ordenado una investigación completa al interior de la empresa de todos los procesos y funcionarios involucrados en el trato con la empresa.
Resaltó que “independientemente de las investigaciones que realiza, coadyuva con la Procuraduría General de la República en las líneas de investigación que se analizan”.
Recordó que la PGR aseguró a la empresa Oceanografía y designó como su administrador, al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Informó que en caso de que la Cámara de Diputados tuviera dudas relacionadas con la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que las dependencias, entidades federativas y órganos de la Administración Pública Federal se abstengan de celebrar contratos con dicha empresa, deberá formular directamente sus cuestionamientos a la SFP.
Por otra parte, en las respuestas al grupo parlamentario del PAN, Pemex aclaró que el contrato con la empresa Seadragon de México, S. de R.L. de C.V. (filial de Seadrill, de origen sueco) fue por el arrendamiento sin opción a compra de cuatro plataformas de perforación marina tipo autoelevables, que se utilizan para perforación de pozos en aguas someras.
La razón por la que se contrataron mediante adjudicación directa, subrayó, fue porque en el mercado mundial no hay plataformas autoelevables disponibles, es decir, la demanda de este tipo de equipos es mayor que la oferta existente, situación que ha prevalecido desde 2011 y continuará al menos durante 2014 y será posiblemente a finales del 2015 que empiece a equilibrarse la condición de mercado.
Mencionó que, previamente, Pemex realizó procesos de licitación pública declarándose desiertos 19 requerimientos de plataformas autoelevables, por lo que se tuvo que acudir al mercado internacional para cumplir los programas de trabajo y la producción de hidrocarburos comprometida.
Permanentemente, indicó, se investiga el mercado para determinar qué equipos pueden estar disponibles y a qué empresas pertenecen, verificando sus especificaciones y condiciones operativas con visitas de trabajo por especialistas de perforación. Las plataformas elevables de empresas mexicanas están todas contratadas y éstas no cuentan con unidades adicionales, por lo que no es factible propiciar con ellas asociación alguna dado que no tienen equipos.
La paraestatal aclaró que la empresa Seadrill ofreció la disponibilidad en el corto plazo de equipos de perforación marina tipo autoelevables de reciente generación (Premium) que conllevan a mayor autonomía durante la perforación, terminación y reparación de pozos, teniendo además la capacidad de intervenir pozos de alta presión y alta temperatura.
Refirió que las plataformas arrendadas a Seadrill son sólo cuatro de los 56 equipos autoelevables con los que se contarán en 2014, mismos que se tienen contratados con 14 empresas, es decir, no se está dependiendo solamente de una.
Además, agregó, los contratos referidos contienen cláusulas que prevén las medidas y acciones que puede exigir Pemex-Exploración y Producción ante el posible incumplimiento del contratista, tales como: garantías, cláusula anticorrupción, recuperación de adeudos, terminación anticipada, rescisión del contrato, responsabilidad de las partes, penas convencionales, mecanismos de prevención y resolución de controversias técnicas y administrativas y arbitraje.
PEMEX indicó que las leyes, reglamentos y disposiciones contemplan que en casos debidamente justificados, en que la Licitación Pública no garantice las mejores condiciones para el Estado, pueden contratarse por adjudicación directa y señaló que en este caso se demostró que era el procedimiento idóneo para su contratación.
En lo relativo al apoyo a empresas mexicanas, precisó que se cuenta desde 2009 con un área que promueve el contenido nacional y el impulso a proveedores. Ahora, la nueva Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento es la responsable del desarrollo de proveedores y está implementando diversos planes con este objetivo.
En respuesta a la bancada del PRD, Pemex indicó que los residuos peligrosos que genera la paraestatal y sus organismos subsidiarios son manipulados conforme a lo establecido en el Titulo Quinto referente al manejo integral de los Residuos Peligrosos, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento.
Abundó que los residuos peligrosos que son valorizables (aceites usados, acumuladores, plomo ácido, catalizadores) son enajenados onerosamente conforme a los Lineamientos Generales para la Administración de los Bienes muebles de Petróleos Mexicanos y O.S. y considerando lo establecido en el artículo 50 de la LGPGIR en cuanto a las autorizaciones que los adjudicatarios deben presentar.
Aclaró que cuando los residuos peligrosos no son valorizables, los centros de trabajo de los organismos subsidiarios los envían para su tratamiento, destrucción o confinamiento con empresas autorizadas por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Apuntó que la dependencia que regula a los residuos peligrosos es la SEMARNAT, la cual, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), se encarga de vigilar y sancionar el manejo inadecuado de estos residuos.
Con relación a un fideicomiso o fondo para resarcir daños ambientales, Pemex dijo no contar con un instrumento que fondee la reparación de daños ambientales y no tiene contemplado ese esquema, ya que la figura de esos instrumentos se aplica cuando no se tiene determinado quién es el responsable de la afectación.
Señaló que su responsabilidad es remediar las afectaciones ambientales derivadas de sus operaciones y de aquellas afectaciones, previas a la expropiación petrolera (pasivos ambientales).
Para la atención de emergencias por derrames de hidrocarburos, afirmó que cuenta con planes de respuesta a emergencia que contemplan fases de contención (evitar la dispersión del derrame), recuperación (colecta del hidrocarburo derramado) y limpieza del área afectada (levantamiento de vegetación, suelo y agua impregnados con hidrocarburos).
Posterior a estas etapas, indicó estar obligada por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento a demostrar la inexistencia de contaminantes del área afectada o en su caso llevar a cabo acciones de remediación del sitio contaminado previas autorizaciones y verificaciones de las autoridades ambientales (SEMARNAT y PROFEPA).
En respuesta sobre el impacto ambiental en la exploración y explotación del gas shale a través del método de fracturación hidráulica "Fracking", Pemex indicó que con estas operaciones los acuíferos superficiales no corren ningún riesgo, ya que los pozos tienen de 2 a 4 tuberías de revestimiento herméticamente aisladas con cemento convencional no contaminante.
La paraestatal también indicó que tiene hasta el próximo 20 de marzo para presentar a la Secretaría de Energía (SE) las áreas en exploración y explotación que está en capacidad de operar, en el marco de la llamada “Ronda Cero”, que se estableció en la reforma energética.
Sobre la solicitud de estudios de viabilidad financiera y técnica en los proyectos de alianzas estratégicas que Pemex ha considerado en el complejo Pajaritos y en la adquisición de la empresa Agronitrogenados, Pemex señaló que esa información y documentación está clasificada como Reservada.
Sobre el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del sector, a una pregunta hecha por el grupo parlamentario del PRD, la paraestatal indicó que “en tanto el régimen de pensiones no cambie, Pemex continuará recibiendo estos recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer frente a sus obligaciones”.
Subrayó que actualmente se evalúa migrar el plan de esquema de beneficio definido a uno de contribuciones definidas con cuentas individuales. “La modernización al plan de pensiones bajo evaluación considera un esquema de contribución compartido entre la empresa y el trabajador, consistente con los parámetros establecidos en la Ley del ISSSTE y una pensión mínima garantizada equivalente a un salario mínimo general del Distrito Federal”.
En cuanto a las respuestas al Partido de Movimiento Ciudadano, precisa que el acuerdo con Agro Nitrogenados fue para comprar sus activos a un costo de 275 millones de dólares, es decir tres mil 659 millones de pesos.
Para efectuar este negocio, dijo que se consideró que en México sólo se fertilizan 14.3 de las 21.9 millones de hectáreas sembradas, pero en muchos casos la fertilización no es la óptima, pues en promedio se utilizan cerca de 65 kg por hectárea de granos y en las zonas más pobres llegan a los 35 kg, cuando hay regiones, como la noreste, donde se utilizan 135 kg por hectárea.
En los estratos de menores ingresos, subraya, los productores obtienen 1.5 toneladas de granos por hectárea, mientras que los productores que fertilizan adecuadamente pueden obtener en promedio entre 5 y 6 toneladas.
Se espera que las ganancias superen a la inversión inicial pues, dados los costos de los insumos, PEMEX podría producir urea a precios competitivos internacionalmente; cubriría todos los costos y tendría un margen atractivo de rentabilidad en la cadena integrada, sin subsidios.
Afirmó que México es un país deficitario en urea (90 por ciento) y concentra su distribución, por lo que los productores del campo pagan más de 900 dólares por ese insumo y con este proyecto se aprovecharía el acceso al mercado de gas natural más importante, el sur de los Estados Unidos, dándole valor agregado al convertirlo en amoniaco y urea.
Apuntó que con el proyecto de adquirir los activos de Agro Nitrogenados, se dejaría de importar amoniaco para producir fertilizantes, una vez que se contara con gas natural para producirlo y, en 2015, cuando estuvieran en operación los activos, se podrían producir 990 mil toneladas de urea, con lo cual se cubriría 70 por ciento del déficit actual.
Explicó que Pemex es el único productor de amoniaco en México y en las últimas dos décadas pasó de producir 3.5 millones de toneladas, a menos de 500 mil, y sólo opera 66 por ciento de su capacidad productiva de amoniaco con un millón de toneladas al año, cuando está en posibilidad de producir y vender 1.5 millones de toneladas.
Añadió que con la mano de obra contratada al año se producen 500 toneladas de amoniaco por persona, pero podrían ser 750 toneladas si operaran las tres plantas con regularidad y rehabilitar una cuarta planta aumentaría la productividad a mil toneladas.
Mencionó que el complejo petroquímico de Cosoleacaque produce un millón de toneladas de amoniaco, pero no tiene espacio para una planta de urea como la que se requiere; además, la construcción tardaría entre 36 y 48 meses, en lugar de 15, y el costo sería de entre mil y mil 500 millones de dólares, cifra significativamente mayor a los 475 millones de dólares que se invertirán en el proyecto.
En tanto, el Grupo Parlamentario del PT, cuestionó sobre a qué título o concepto, los inversionistas privados incorporarán a sus activos las reservas petroleras; el documento de PEMEX precisó que podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentran en el subsuelo, son propiedad de la Nación.
En ese sentido, es incorrecto afirmar que existe una dualidad de propietarios de un bien mexicano, sostuvo.
En todo caso, agregó, la manera en la que deberá funcionar y podrán registrarse los beneficios tendrá que quedar establecida en las leyes secundarias relacionadas con la materia.
Otra interrogante por parte del PT, fue sobre el impacto que las reformas energéticas tendrán en el crecimiento económico del país y los incrementos al PIB de 2014, cuando autoridades hacendarias y de energía especulan que los beneficios de dichas reformas no se verán con claridad en los bolsillos de los mexicanos después de 18 a 24 meses, a partir de que se pongan en operación las leyes secundarias.
Por lo anterior, solicitaron saber la expectativa real de crecimiento que aportará PEMEX de 2014 a 2018.
En respuesta, detalló que la SHCP prevé que la reforma Energética tenga un impacto incremental del PIB para finales del sexenio de alrededor de 1 por ciento, por lo que los impactos más importantes en el crecimiento económico se verán en el mediano y largo plazos.
Respecto a la plantilla laboral, precisó que Pemex no tiene previsto realizar reducción alguna en sus áreas. “Los movimientos previstos, en todo caso, tienen como finalidad eficientar la operación de la empresa en las distintas áreas que la componen”, acotó.
Sostuvo que las prioridades de su plan de negocios será la producción y comercialización de crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos.
Detalló que el “Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2014–2018”, establece las acciones definidas como prioritarias, tales como incremento de reservas y niveles de producción de hidrocarburos; incremento de infraestructura de procesamiento y transporte; elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera, entre muchos otros.
Informó que las principales acciones que la paraestatal ha ejecutado son los descubrimientos en pozos en tierra y aguas someras; éxito exploratorio de recursos no convencionales; estabilidad en la producción de crudo; incremento en capacidad de transformación industrial y en infraestructura para el transporte de petrolíferos, y avances en el desempeño ambiental.
No obstante, detalló, las leyes secundarias en materia energética traerán como consecuencia modificaciones importantes al marco jurídico que regirá las actividades y operaciones de Petróleos Mexicanos.
En torno al estado que guarda la Red Nacional de Ductos y la inversión prevista, informó que con la infraestructura actual, Pemex Refinación transporta un estimado de 3 mil 452 MBDs a través de los diferentes medios (ductos, buques, carrostanque y autostanque), y con 14 mil kilómetros de ductos, se transporta el 80.1 por ciento de dicho volumen.
Dada la saturación de los ductos hacia los principales puntos de consumo de combustibles en el país, anunció que para los próximos años se identifican alternativas para la construcción de nuevos sistemas de transporte por ducto, que respondan de manera eficiente a dichas necesidades, siendo las zonas del Golfo – Centro, Noreste, Sureste y Península de Yucatán, las que representan la principal área de oportunidad.
Además, agregó, con una inversión aproximada de 4 mil 22 millones de dólares se planeó la construcción de nuevos sistemas que incluyen: 17 ductos nuevos, 4 terminales de almacenamiento y reparto, 1 central de almacenamiento y bombeo, tanques de almacenamiento y el crecimiento de algunos sistemas ya existentes.
En relación a si existe algún proceso iniciado contra servidores y ex servidores públicos de la paraestatal por la fuga de información privilegiada, dada a conocer a las transnacionales Consultora McKinsey and Company, la empresa de servicios Schlumberger, la minera y acerera Ternium, la fabricante Trinity Industries y la proveedora de Petroquímicos Beta, detalló que no se localizó la existencia de proceso iniciado ni expediente de investigación alguno relacionado con ese motivo.
En cuanto a los montos de los contratos celebrados por Pemex con la empresa TRADECO para distintas obras de infraestructura de 2005 a 2014, respondió que con respecto a la Gerencia de Servicios a Proyectos, Regiones Marinas y la Región Sur, se han asignado, a la fecha, 4 contratos con un monto total de 4 mil 221 millones de pesos.
Respecto a la participación accionaria de Pemex, a través de su subsidiaria PMI nortemericana (PMI NASA) en la Refinería Deer Park, Texas, y su asociación con la empresa Shell en este proyecto la estimó en 49.995 por ciento desde hace dos años y seguirá recibiendo el 50 por ciento de las utilidades. (Martín Flores Contreras, corresponsal zona Centro, México/ www.activista.mx)
