El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Fuentes, manifestó tener información acerca del recurso de impugnación para la gubernatura de Colima, que se encuentra en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual indica que los resultados electorales del 7 de junio serán anulados para dar paso a una nueva elección.
Según Fuentes, esta es la razón por la que varios “priistas de renombre” buscan echarle la culpa a Mario Anguiano de la situación financiera del estado, de forma que si otro militante debe competir por la gubernatura nuevamente, éste no cargue con la responsabilidad del déficit en el estado.
“En 86 años no hemos conocido otro gobierno, eso significa que todos los priistas están coludidos para que el estado esté en quiebra. Quieren echarle la culpa a un priista para que cualquier otro que pudiera ser candidato pueda decirle a los colimenses que el culpable es una persona”, advirtió.
El líder local del blanquiazul explicó que no pretende defender al gobernador Mario Anguiano, ya que aceptó que éste es el primer culpable. Sin embargo, apuntó que la próxima legislatura, que se conformará por una mayoría panista simple, deberá analizar la posibilidad de aprobar un nuevo préstamoo hacer una reingeniería de los que ya se tienen, además de buscar dónde quedaron los recursos ejercidos por la actual administración y quiénes son los culpables del mal manejo financiero.
“Nosotros de entrada plantearíamos el saber dónde está el dinero de los colimenses, de los créditos autorizados, en qué se invirtieron y a dónde se los llevaron”, aseguró.
Reforma a la Constitución
En cuanto a la reforma a la Constitución local, aprobada por el pleno, que quita al gobernador la responsabilidad de leer su informe anual de labores ante el Congreso para solo entregarlo por escrito, que fue aprobada por unanimidad por el legislativo, Fuentes expuso que la fracción panista consideró que el formato con el que se han llevado a cabo los informes de gobierno son “una pasarela donde la última palabra la tiene el gobernador”.
Agregó que en caso de que se considere necesario, la próxima legislatura puede hacer otra reforma al artículo 31 de la Constitución local para revertir el cambio.
Esta reforma aún no entra en vigor, ya que solo dos cabildos de los seis necesarios, la han aprobado.
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