Para citar a Rosario Robles por el caso de presuntos desvíos millonarios de La Estafa Maestra, la Fiscalía General de la República (FGR) se basó en una denuncia interpuesta por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y por la organización civil Tojil por presunto “ejercicio abusivo de funciones” y por cohecho, un delito de corrupción.
Sin embargo, en el citatorio, la Fiscalía solo acusa a la extitular de la Sedesol y de la Sedatu por un presunto ejercicio indebido del servicio público; un delito que no amerita prisión preventiva automática, por lo que si el juez decide vincularla a proceso podría enfrentarlo en libertad.
En entrevista con Animal Político, Adriana Greaves, abogada de Tojil A.C., dijo que es una buena noticia el citatorio de la Fiscalía a Rosario Robles, aunque matizó que existe una preocupación por el hecho de que la Fiscalía la citara solo por un tema administrativo y no por delitos de corrupción, como cohecho o peculado.
“Nos preocupa mucho que se intente reclasificar la denuncia a un tipo de delito administrativo, que es mucho más sencillo que el que denunciamos originalmente. Es decir, nos preocupa que el juicio se vaya por un delito administrativo muy sencillo, y no por la integración de una red que involucra corrupción”, subrayó la abogada.
Por su parte, fuentes ministeriales dijeron a Animal Político que, hasta el momento, no cuentan con pruebas suficientes para imputar a Rosario Robles el delito de cohecho, por lo que el citatorio se limita al presunto delito de ejercicio indebido de la función pública.
La denuncia fue interpuesta el 18 de septiembre del año pasado por el Despacho de Investigación de Litigio Estratégico (DILE) de Mexicanos contra la Corrupción, en colaboración con la organización civil Tojil A.C., ante el titular de la Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la entonces PGR.
La denuncia está basada en los hallazgos de la investigación periodística La Estafa Maestra, así como en diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). También cita un reportaje de Reforma, basado en información de la ASF, sobre la entrega de 700 millones de pesos de Sedesol y Sedatu en efectivo en varias departamentos de la Ciudad de México.
Además de Rosario Robles, quien fue titular de la Sedesol y de la Sedatu cuando se produjeron los presuntos desvíos millonarios, la denuncia abarca a “cualquier funcionario que pertenezca o haya pertenecido” a la SEDESOL por otorgar contratos “de manera indebida” a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que, a través de una violación a la ley de adquisiciones, subcontrató por montos millonarios a empresas fantasma que no dieron servicio alguno y se quedaron con los recursos públicos.
La denuncia es por el posible delito del “ejercicio abusivo de funciones” de los funcionarios involucrados, y por el posible delito de “cohecho”; es decir, por un presunto soborno a autoridades y/o funcionarios públicos que habrían recibido dinero de los desvíos a través del esquema de La Estafa Maestra.
Además, la denuncia abarca a “cualquier funcionario” de la UAEM que haya participado en la firma de los convenios con la Sedesol que investigó la Auditoría, y a los socios y representantes legales de las empresas contratadas y pagadas por la UAEM a partir de esos convenios. También se les denuncia por ejercicio abusivo de funciones y cohecho.
La Estafa Maestra es un investigación realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción que reveló un sistema de 128 empresas fantasma, a través del cual en el Gobierno Federal de Peña Nieto se desviaron más de 3 mil 433 millones de pesos.
Los recursos llegaron a dichas empresas luego de haber pasado por ocho universidades públicas, las cuales recibieron el dinero por parte del Gobierno Federal.
Entre estas universidades se encuentra la citada UAEM, mientras que las dependencias involucradas son 11, entre ellas, la Sedesol (cuya titular en aquel entonces era Rosario Robles); Banobras; Pemex; Sagarpa; y la SCT.
Posterior a la publicación de la investigación, la Auditoría Superior publicó nuevos informes en el que reveló que, además de esas 11 dependencias, en la Sedatu (también dirigida en ese entonces por Robles) también se detectaron presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma a través de otras universidades públicas y de sistemas de comunicación estatales, como Telemax Sonora, o Radio y Televisión de Hidalgo.
La ASF puede participar en la acusación
Este lunes pasado 29 de julio, la Fiscalía citó a Rosario Robles a una audiencia inicial para “formular imputación y vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público” por La Estafa Maestra.
La audiencia inicial está prevista para el próximo 8 de agosto, en los juzgados del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México. En esa audiencia, el juez de control decidirá si las pruebas que presente la Fiscalía son suficientes para vincular a proceso a Rosario Robles, y así iniciar formalmente el proceso legal, o si por el contrario desecha el caso.
En el citatorio para llevar a Rosario Robles a una audiencia inicial por La Estafa Maestra, la Fiscalía señaló como “víctima indirecta” a la Auditoría Superior de la Federación, puesto que este órgano autónomo ha documentado en múltiples informes desde 2014 los presuntos desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu.
Como “víctima indirecta”, la Auditoría podrá entonces participar como coadyuvante de la Fiscalía en el proceso contra Rosario Robles.
El 16 de enero pasado, y a raíz de la denuncia interpuesta en septiembre, el departamento legal de Mexicanos contra la Corrupción y Tojil también intentaron que se les reconociera la condición de víctimas por los desvíos de La Estafa Maestra, para así poder participar como coadyuvante en la investigación de la Fiscalía, y para vigilar el proceso desde adentro y evitar así posibles “pactos de impunidad” entre la administración pública y el Ministerio Público.
Sin embargo, un juez de control negó la solicitud de las organizaciones civiles, argumentando que éstas no son afectadas directamente por el presunto desfalco, puesto que no son los titulares de los recursos públicos, sino que la víctima sería, en todo caso, el propio Estado mexicano.
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