Pedro Zamora Briceño.-
COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Ante la indiferencia de las autoridades universitarias y del gobierno estatal, hoy se cumplieron 12 días del inicio de la huelga de hambre que mantienen siete catedráticos de la Universidad de Colima afuera del Palacio de Gobierno, en demanda de legalidad y transparencia en el manejo del fondo de pensiones de la institución educativa y respeto a la vida sindical.
“No me preocupa sufrir daños en mi salud y tampoco le temo a la muerte; voy a seguir en esta lucha independientemente de lo que me pueda pasar”, advirtió el doctor Leonardo César Gutiérrez Chávez, líder del movimiento al interior de la casa de estudios.
En entrevista, lamentó “la insensibilidad y la falta de interés” de las autoridades por resolver el asunto. “Nos parece reprobable la actitud tanto de las autoridades universitarias como del gobierno del estado, porque a mí me queda claro que si hay daños en la salud o la pérdida de la vida humana, serán responsables el rector José Eduardo Hernández Nava, y el gobernador Mario Anguiano Moreno, ellos tienen la solución en sus manos”.
Desde el campamento donde este domingo llegó a 12 días sin probar alimento, Gutiérrez comenta que los funcionarios “siguen estirando la cuerda, pensando que nosotros vamos a declinar”.
Pese al silencio oficial hasta ahora, estima que tanto el rector como el gobernador sí tienen considerado entablar el diálogo con ellos, pero “van sacando sus propias estadísticas, calculando que podemos resistir hasta 15 ó 20 días, pero lo que no están previendo es que cada organismo humano es totalmente diferente y que muchos de los que estamos aquí somos mayores de 50 años”.
Añadió: “Si ellos están calculando como si fuéramos recién nacidos, pues obviamente van a apostar hasta que truene el cuerpo, pero si fueran conscientes ya estarían aquí, porque muchos de ellos ojalá tuvieran la valentía y la dignidad para pararse y que nos acompañaran por lo menos dos días para que entendieran lo que está pasando con nosotros”.
Refiere que hasta ahora sus compañeros se encuentran bien en los aspectos anímico y en su salud, “tanto en la revisión de las constantes fisiológicas y la lectura de la glucosa, muy bien, sobre todo en el valor, la valentía y la dignidad para seguir adelante”.
Gutiérrez Chávez inició el ayuno el martes 29 de abril junto con los catedráticos Javier Herrera Báez, Pedro Vidrio Pulido, Carlos Lezama Cervantes y José de Jesús Lara Chávez, a quienes posteriormente se sumaron sus compañeros Jesús Ponce Ochoa, Herminio López Ramírez y José Miguel Rodríguez Reyes, pero Lezama se levantó el 4 de mayo tras presentarse complicaciones en su estado de salud.
El movimiento en torno al fondo de pensiones empezó hace más de tres años, cuando Leonardo Gutiérrez, en su carácter de secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC) denunció públicamente que en los últimos años la rectoría no había depositado las aportaciones de los trabajadores ni de la institución al fideicomiso del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap).
A petición de la rectoría y del sindicato, el gobierno estatal realizó en 2012 una revisión contable del fondo de pensiones, cuyo informe preliminar determinó, entre otras anomalías, que el manejo de los recursos era violatorio del reglamento del Fosap, pues el pago de la nómina de jubilados se realizaba de manera directa por parte de la rectoría, sin tomar en cuenta al SUTUC, entre otras cosas.
Estos resultados fueron la base para la firma, en marzo de 2013, de un acuerdo entre el rector y el dirigente sindical, con el gobernador Mario Anguiano Moreno como testigo de honor, donde el propio mandatario leyó en rueda de prensa que el procedimiento unilateral del pago de la nómina de jubilados y pensionados “no se apegaba totalmente a la normatividad vigente, por lo que la universidad y el SUTUC convinieron que a partir del 15 de abril de 2013 las aportaciones de los trabajadores y las de la universidad se depositarán íntegras a la cuenta del Fosap; asimismo acordaron que a partir del 1 de mayo de 2013 la nómina del Fosap se cubriera con la citada cuenta mediante cheque mancomunado” entre la universidad y el sindicato.
Otro acuerdo fue el compromiso de la universidad de aportar 90 millones de pesos adicionales a la cuenta del Fosap, en cuatro parcialidades anuales para compensar los pagos de prestaciones a jubilados los últimos años con cargo al fondo de pensiones, cuando el reglamento de éste establece que de ahí sólo de cubrirá el salario base. (Proceso 1931)
Más de un año después, según Gutiérrez Chávez, los acuerdos no se han cumplido, por lo que durante este tiempo el conflicto escaló paulatinamente hacia marchas de protesta, paros técnicos, emplazamientos a huelga de labores, hasta llegar a la actual huelga de hambre colectiva.
Durante el desfile del Día del Trabajo, miembros y simpatizantes del movimiento de la huelga de hambre se manifestaron con consignas frente a los trabajadores y cuando pasó el contingente de la Universidad de Colima, encabezado por el rector, se generó un conato de bronca cuando policías estatales y guardias privados de la casa de estudios replegaron a empellones a los manifestantes para abrir paso al sector oficialista.
Y es que además de las exigencias relacionadas con el fondo de pensiones, los manifestantes demandan el cese de la intromisión del rector, Hernández Nava, en la vida sindical, pues lo responsabilizan de haber presionado —junto con el director de Recursos Humanos, Juan José Guerrero Rolón— a los consejeros del SUTUC para que destituyeran en marzo pasado a su dirigente, Leonardo Gutiérrez, cuando se dirimía un emplazamiento a huelga contra la universidad en las instancias legales.
También denuncian el hostigamiento laboral contra los trabajadores que simpatizan con el movimiento por la transparencia del Fosap.
De hecho, el pasado 20 de marzo, el juez Segundo de Distrito había concedido una suspensión a Gutiérrez Chávez, dentro del juicio de amparo 545/2014, para que cesara la intromisión de la rectoría en la vida sindical y los actos de hostigamiento contra miembros del SUTUC.
Hasta el viernes 9, a 10 días del inicio del ayuno, ninguna autoridad universitaria se había acercado a dialogar con los manifestantes, mientras que el gobernador Mario Anguiano Moreno, únicamente se reunió con ellos la mañana del 1 de mayo en la Casa de Gobierno, donde les prometió mediar para solucionar el conflicto, pero desde entonces no volvió a establecer contacto con ellos.
Ante el silencio oficial, el Comité de Apoyo a los Universitarios en Huelga de Hambre entregó la mañana del martes 6 una carta en el despacho del gobernador, solicitándole una reunión con carácter de urgente para establecer la agenda de negociaciones para lograr en forma definitiva y permanente la solución sobre el Fosap.
“Apelamos a su sensibilidad como universitario y gobernador para solucionar este serio problema”, señaló en su documento el comité, integrado entre otros por Marisa Mesina, Sergio Elenes, Ricardo Navarro, Salvador González y Leticia Villarreal.
“El estado de salud (física) y emocional de nuestros compañeros universitarios se deteriora día a día. Familiares, amigos, universitarios y la sociedad de Colima exigen su inmediata intervención para que el rector cumpla con los acuerdos firmados, se detenga el terrorismo laboral en la Universidad de Colima y se reconozca al Comité Ejecutivo Central del sindicato universitario”.
Dos días después, familiares y compañeros de los huelguistas de hambre, encabezados por Héctor Jesús Lara Chávez, abordaron al rector cuando llegó a un acto oficial al campus Coquimatlán y le entregaron una carta en la que le pidieron atender las demandas de los trabajadores universitarios.
“La vida de nuestros familiares está en peligro”, le dijeron al funcionario, a quien solicitaron una audiencia, pero Hernández Nava se negó a programar una cita con ellos y se limitó a decirles que posteriormente les contestaría el documento. En cambio, cuando a la salida fue abordado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que le pedían visitar las instalaciones de su escuela, se comprometió a acudir el próximo miércoles a la 9 de la mañana.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, el diputado perredista Francisco Rodríguez García, acusó de “indolente” al gobernador Mario Anguiano por su actitud frente a la huelga de hambre. “¿A qué le apuesta, a que se mueran de hambre”, cuestionó.
En respuesta, el legislador priísta Martín Flores Castañeda expresó su solidaridad con los huelguistas pero dijo: “Por ningún motivo podemos exhortar al gobernador a que tome parte de un asunto que es de la vida interna de la autonomía de la propia Universidad de Colima”.
El historiador Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez considera que con su silencio tanto el rector como el gobernador le están apostando al desgaste de los huelguistas de hambre, porque la mayoría de los trabajadores universitarios “no tienen una cultura política formada en las luchas sindicales que puedan expresarse en demandas, en huelgas, o simple y sencillamente en independencia clara con respecto a las autoridades; están formados en los cánones priístas de docilidad y de no protesta, entonces las autoridades le apuestan a eso, a asustar a los trabajadores con represalias”.
Controlada desde hace cuatro décadas por el Grupo Universidad, que actualmente encabeza el exgobernador Fernando Moreno Peña, la casa de estudios colimense “ha funcionado como el sistema político priista de los años de Gustavo Díaz Ordaz, donde todos los elementos son parte y no hay una independencia real, con la Federación de Estudiantes Colimenses y el sindicato subordinados a la rectoría”, dice el coautor del Tomo IV de la Historia General de Colima, denominado “Las caras del poder”.
Lo que se ha observado actualmente en la institución educativa, añade Ochoa, es que “en cuanto el SUTUC tuvo un breve tiempo de independencia y realizó un movimiento legítimo de protesta y de exigencia de rendición de cuentas, la rectoría intervino para que se destituyera al secretario general y se pusiera una dirigencia a modo; eso está clarísimo, es un retroceso del movimiento sindical en Colima”.
Dice que aunque en la normatividad se establece que los recursos del Fosap deben ser manejados conjuntamente por el sindicato y la rectoría, las autoridades universitarias no quieren ceder, y “uno se pregunta qué están ocultando; por supuesto que aquí tal como se dice hay sumas millonarias faltantes, estamos ante una situación muy grave”.
Ante un llamado realizado por el presidente estatal del PRI, Francisco Ánzar Herrera, a que los partidos políticos se mantengan al margen del conflicto de la universidad, Héctor Porfirio Ochoa califica esto como un acto de “cinismo”, pues “el partido político que está más metido en la universidad es el PRI, cuando los dirigentes de la universidad conforman un grupo político priísta que ha manejado a la institución en ese sentido y que ha utilizado a la FEC y en su momento al mismo SUTUC para apoyar campañas políticas de quienes han sido electos a distintos cargos como candidatos priístas”.
Aunque por la importancia del movimiento de la huelga de hambre se esperaría que hubiera grandes movilizaciones sociales en apoyo, Ochoa Rodríguez considera que ha sido poca la gente que se ha involucrado porque hay todavía en Colima una cultura de miedo.
No obstante, añade, “con todo y el silencio y el hostigamiento, este movimiento está teniendo y va a tener repercusiones, porque participan personas que son profesores de tiempo completo, investigadores, gente de prestigio y de trabajo que está metida en la lucha, que yo estoy seguro que confrontan la conciencia de muchos trabajadores y muchos estudiantes, aunque una cosa es confrontar la conciencia y otra es poderse manifestar”.
A lo largo de este conflicto, dice Gutiérrez Chávez, el rector se negó a cumplir los acuerdos porque se ha sentido cobijado por el gobernador y por los exrectores, porque le temen a que en el comité técnico revise uno por uno los expedientes y encuentre casos que no debieron dictaminarse con una pensión exorbitante, que no la merecían, porque hay nueve jubilados, entre ellos cinco exrectores, que se están llevando en total más de un millón de pesos al mes.
Leonardo Gutiérrez indica que desconoce la razón por la que el gobernador después de la reunión del 1 de mayo no ha respondido a los llamados al diálogo. “Quizás las autoridades se sintieron agraviadas por lo que pasó en el desfile, donde se manifestaron los compañeros y otros ciudadanos, quizá por eso están apostándole a no tener ninguna comunicación con nosotros; si ellos consideran que nos van a vencer a través de esa presión, en lo personal están equivocados, voy a seguir en la lucha”.
En una declaración realizada el viernes 9, el gobernador Mario Anguiano reconoció que había realizado ofrecimientos a los huelguistas de hambre, pero en presunta alusión a lo ocurrido en el desfile, acotó que “había, obviamente, la idea de que ellos iban a hacer las cosas de manera respetuosa”.
Sin embargo, se mostró abierto a participar como mediador en el conflicto. “La actitud que he visto en ellos en muchos momentos no ha sido la correcta, pero aún así hay la voluntad de parte nuestra”, puntualizó
No hay comentarios:
Publicar un comentario