RAUL AVILA JR.
Colima, Colima, diciembre 2014 (EAM).- El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Roberto Chapula de la Mora emitió la recomendación 07/2014 del expediente CDHEC/620/13 en el siguiente sentido:
En atención a los razonamientos vertidos en la sentencia de amparo directo 661/2013 de fecha 24 de octubre del 2014 emitida por el tribunal Colegiado de Trigésimo Segundo Circuito, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Colima del expediente 1501/2011 de fecha 17 de septiembre del 2013, se proceda al pago íntegro de la indemnización por despido injustificado a los ex agentes de la policía de procuración de justicia Nibardo, Leopoldo, Víctor Manuel y J. de Jesús de apellidos “Padilla Arceo”, Alvaro Milanes, Jorge Alejandro Torres González, Rodolfo Celestino Sepulveda, Ramón Ponce Chávez, Miguel Angel Palomino Ibarra, Roberto Mendoza Castellanos, Edgar Alberto Orozco Larios y José de Jesús Martínez Rodríguez, a efecto de reparación del daño material causado.
El ombudsman recomienda respetar la ley de protección de datos personas, para que se manejen con los principios de pertinencia en la PGJE, así como dar a conocer a cada servidor público los reportes individuales de los exámenes de control y confianza, informar los parámetros y criterios utilizados para su valoración para que hagan valer el derecho de audiencia y defensa.
Chapula de la Mora sugiere en su determinación que cuando algún elemento reprueba el examen, se le brinde la oportunidad, por una ocasión y previa capacitación de ser evaluado nuevamente para no vulnerar su derecho humano a la estabilidad en el empleo.
También recomendó que cuando existan indicios de actos delictivos por parte de policías, inmediatamente da oficio, deberán dar parte al ministerio público para radique expediente e inicie las investigaciones de manera independiente, imparcial y meticulosa para en caso de acreditarse se proceda conforme a derecho.
Respecto al actuar del Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Colima Lic. Carlos Alberto Mancilla Soto, la determinación quedó de la siguiente manera:
UNICO: En la emisión de reportes individuales de control y confianza, no deberá señalar la comisión de hechos delictivos, sin previa existencia de resolución jurisdiccional que así lo acredite, pues de lo contrario está violentando el derecho humano de presunción de inocencia e incurriendo en el delito de calumnia tipificado en el numeral 221, del código penal para el Estado de Colima.
Para el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima Lic. René Rodríguez Alcaraz, le recomendaron respetar los derechos de los demandantes, en atención al principio de congruencia que rige a toda determinación jurisdiccional. Además, sus resoluciones deben velar por el derecho al respeto humano de presunción de inocencia, cumpliendo con su deber constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
En entrevista el ex comandante Nivardo Padilla Arceo, dijo que la recomendación fue emitida el pasado 11 de diciembre del 2014 y cuenta el Gobierno y sus dependencias con 15 días hábiles siguientes a la notificación para aceptar la recomendación y 30 días hábiles para entregar pruebas del cabal cumplimiento a la recomendación.
Padilla Arceo, enfatizó que con dicha recomendación dejan en evidencia el mal actuar de la ex procuradora de justicia Yolanda Guzmán Verduzco, entre otros, con lo cual demuestran que siempre tuvieron la razón, además de ser inocentes de todas las acusaciones que se les hizo, como tener vínculos con la delincuencia organizada.
El ex agente de la PPJ, dijo que buscan justicia, misma que no les ha brindado el gobierno, ni los diputados que ahora buscan otra posición política, pero que las promociones en instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha permitido demostrar su inocencia.
Mencionó que en el Estado de Colima, únicamente ha cumplido con su cargo Roberto Chapula de la Mora, presidente de la comisión estatal de derechos humanos, no así el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a cargo del jubilado con 74 mil pesos mensuales Guillermo Ruelas Ocampo, ex presidente del tribunal y el actual Rene Rodríguez Alcaraz, ex secretario general del gobierno de Mario Anguiano Moreno.
“Ahora sólo estamos en espera de que el gobierno del estado, nos pague, lo que ellos mismos ocasionaron, un daño moral, económico y severas lesiones físicas en nuestro cuerpo, aunque también esperamos la sanción para el personal de la Marina, Armada de México, quienes de ser los héroes de la nación pasaron a ser la vergüenza del País, con tanta violación a las garantías individuales”, concluyó Patafuchi.
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