Ese argumento fue suficiente para que la juez Nelly Ivonne Cortés Silva ordenara su libertad bajo fianza, entre otras medidas cautelares, en el primer juicio oral realizado en esta capital, como parte del nuevo sistema penal acusatorio en vigor desde el pasado 16 de enero.
La cita era a las 10:30 de la mañana. La sala magna de juicios orales para delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) estaba lista para ser inaugurada con una Audiencia de Control de Detención.
El inculpado de 31 años de edad esperaba, nervioso, la presencia de la juez 35 de Delitos no Graves, Cortés Silva, quien lo juzgaría por la muerte de Guerrero Duro, caso inscrito en la carpeta de investigación 004001/2015.
La propia juez fue la primera en romper el protocolo al no respetar la hora señalada para el primer juicio oral. La causa: El invitado de honor, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se retrasó 25 minutos.
Ya lo esperaban el presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar; el procurador de Justicia, Rodolfo Ríos Garza; y el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas de la PGJDF, Óscar Montes de Oca. Los tres se sentaron en primera fila de la sala, entre el acusado y el fiscal.
“Todos de pie”, ordenó la juez vestida de toga y su larga cabellera rubia. Dijo que eran las 10:55 horas, aunque sólo en su reloj porque en la sala no había ninguno para medir el tiempo.
“Vamos a dar inicio a la primera audiencia de Control de Detención”, informó y soltó el martillazo en la palestra.
Enseguida se dirigió a Gutiérrez Aguilar para preguntarle si durante su detención los policías le leyeron sus derechos. Acto seguido, le pidió al ministerio público Juan Carlos Gómez Silva, de la Fiscalía de Delitos No Graves, que acreditara el delito de homicidio culposo agravado.
Vino entonces la descripción de los hechos: La mañana del pasado 25 de enero, el inculpado circulaba por el Periférico Sur en un BMW, placas MMM-1728. Según el peritaje terrestre, Gutiérrez Aguilar conducía a 110 kilómetros por hora, cuando la velocidad permitida en esa vialidad es sólo de 80. El conductor manejaba, además, en estado de ebriedad.
De pronto, el auto giró en el sentido de las manecillas del reloj y golpeó al grupo de ciclistas –integrantes del Grupo Ciclo Deportivos Guepardos–, acción que hirió de gravedad a Guerrero, quien más tarde perdió la vida por las lesiones.
El ministerio público respaldó la acusación con los testimonios de dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública y de un testigo que acusó directamente al inculpado; aseguró que llevaba aliento alcohólico. No más de diez minutos duró la exposición.
La juez validó la detención legal del inculpado y la formulación de la imputación. En ese momento, Mancera, Elías Azar y Ríos Garza se levantaron de los asientos y sin interrumpir a la juez, abandonaron la sala.
Con voz lenta y en tono alto, Cortés Silva se dirigió al inculpado:
— ¿Comprendió la acusación del ministerio público?
— Sí
–Le informo que tiene el derecho de declarar en la audiencia asistido por su defensa, aunque puede ser contradictorio pues lo que diga puede ser usado en su contra. También le informo que nadie puede obligarlo si no es su derecho. Consulte con su defensa si desea declarar.
El silencio llenó la sala. El inculpado habló en voz baja con su abogado que siempre se mantuvo a su lado y respondió a la juez.
–Sí, voy a declarar.
–Le voy a pedir que pase y le informo que a partir de este momento ya no puede comunicarse con su defensa. ¿Cómo será su declaración?
–Espontánea.
“Yo no soy malo”
A paso lento, cabello casi a rape y vestido con una sudadera y pantalón cafés, Francisco Javier Gutiérrez Aguilar pasó a un escritorio del lado izquierdo y a pocos metros de la juez. Llevaba algunas hojas que, dijo, eran para apoyar su declaración.
Antes de llegar ahí, dijo ser comerciante sin domicilio laboral. Estuvo detenido en la Fiscalía de Delitos No Graves en la delegación Tlalpan.
Esta mañana fue trasladado por custodios hasta las instalaciones del TSJDF. Ahí fue entregado a dos integrantes de la llamada Policía Procesal –perteneciente a la Bancaria Industrial–. Según el procedimiento, un médico legista debió valorar su estado de salud antes de que entrara a la sala.
Ya adentro, uno de los policías se mantuvo todo el tiempo atrás de él, hasta cuando se levantó para rendir su declaración. Entonces comenzó:
“El día domingo alrededor de las 9 de la mañana circulaba por el Periférico a 70 kilómetros por hora, en promedio. Iba a agarrar la aguja para salir en Miramontes, venía en el carril de en medio, espejeando. No me percaté de que de este lado venía una camioneta. Mi instinto fue hacer un volantazo y desafortunadamente arrollo a los ciclistas”.
Visiblemente nervioso, alejándose en ocasiones del micrófono y moviendo las manos constantemente, aclaró:
“Quiero decir que traía tres botellas de aguardiente porque iba a hacerme una limpia”. Enseguida guardó silencio.
–¿Es todo lo que desea manifestar?, preguntó la juez.
El inculpado explicó que era un grupo como de 20 o 30 ciclistas que rodaban en el lado izquierdo del camellón y que cerca había un tianguis. Luego, guardó silencio y con voz baja, agregó:
“Fue sin querer lastimarlo, fue que yo, no sé cómo decirlo. No era mi intención. Yo no soy malo. Si no hubiera sido por la camioneta que se atraviesa, no hubiera perdido el control”.
Su voz se quebró. Bajó la cabeza, se separó del micrófono y eso afectó la calidad del audio en la sala. La juez interrumpió y pidió que le acomodaran el aparato de audio. Y preguntó de nuevo si era todo lo que deseaba declarar.
“Quiero recalcar que no estaba tomado”, dijo y regresó junto a su abogado, siempre custodiado por el policía.
La resolución
El ministerio público solicitó al juez la vinculación a proceso de Gutiérrez Aguilar. Ésta se dirigió al inculpado y, sin perder el tono pausado y claro, le explicó que esa parte del proceso se puede hacer en 24 horas, pero que él tenía derecho de solicitar la duplicidad del término, así que lo consultó con su abogado y así lo pidió.
La juez Nelly Ivonne Cortés fijó el próximo 30 de enero a las 10 de la mañana en la misma sala para la siguiente audiencia en la que la defensa podrá presentar pruebas a favor del inculpado, como lo estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, el Ministerio Público pidió a la juez dictar medidas cautelares durante el proceso basadas en el artículo 155 de dicho código:
Presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares a firmar cada semana, el pago de una fianza de 334 mil pesos y no salir del Distrito Federal.
Argumentó que el delito de homicidio culposo agravado se castiga hasta por diez años, que la declaración del inculpado –de ser comerciante sin un domicilio laboral fijo, vivir desde hace 22 años en el DF, aunque sus padres habitan en Cancún y su esposa e hijos viven en “otros domicilios”— obligaba a asegurar su presentación en la próxima audiencia.
La defensa alegó que el imputado “ha demostrado ser una persona honesta”, por lo que pidió que la presentación a firmar fuera cada 30 días. “No se va a ir”, agregó y garantizó que tenía la posibilidad económica para cubrir la fianza. El MP consideró la argumentación del abogado y pidió la presentación quincenal.
La juez confirmó las tres medidas cautelares y ordenó la libertad condicional de Francisco Javier Gutiérrez Aguilar, no sin antes aclarar que la fianza debía ser cubierta durante los próximos dos días hábiles. Luego, decretó:
“Con estas medidas cautelares se da por terminada la audiencia a las 11:55 horas”. El martillazo de nuevo en la palestra selló el final del primer juicio oral en el DF y la gente comenzó a salir de la sala de audiencia.
Fuera de la sala
Tras abandonar la sala de audiencia —más de media hora antes de que terminara el juicio— y flanqueado por Elías Azar y Ríos Garza, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, calificó el desarrollo del primer juicio oral como “un cambio de mentalidad. Todos (sic) acabamos de observar la mecánica, el desarrollo es diametralmente opuesto a la manera tradicional”.
En entrevista ante más de 40 reporteros, fotógrafos y camarógrafos a quienes se les impidió el paso a la sala –por orden de la juez, según la versión oficial del área de Comunicación Social del GDF–, el mandatario local describió el procedimiento como “mucho más ágil” y destacó la oportunidad del ministerio público, el inculpado y su defensa, así como la juez para exponer sus argumentos.
Rodolfo Ríos Garza, titular de la PGJF, informó que a partir del 16 de enero, cuando entró en vigor el nuevo sistema acusatorio, se han iniciado 747 carpetas de investigación, se han enviado a la Unidad de Mediación 194 y se han firmado 23 convenios. Tales cifras representan, dijo una carga de trabajo menos al TSJDF.
El presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, calificó de “histórico” y “un cambio totalmente paradigmático” el primer juicio oral en el DF. Argumentó: “El papel no se ruboriza, en cambio un testigo que está declarando con falsedad sí lo es, y ahora sí el juez va a tener que estarlo viendo y oyendo y todos lo vamos a estar viendo y oyendo, y las conductas de jueces irregulares o anormales, o del Ministerio Público, o de la defensa, estarán filmadas y estarán grabadas a los ojos de todo mundo”.
No obstante, lamentó la orden de no permitir cámaras –en particular las de los medios de comunicación– en el juicio por disposición legal. “Hubiera sido muy interesante”, dijo. (Revista Proceso).
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