COLIMA, Col. (apro).- A casi un año de los derrumbes sobre la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, en el área de explotación del yacimiento de hierro El Artillero, el gobierno estatal se ha negado a exigir a la empresa minera que repare los daños ocasionados y tampoco ha tomado medidas en la zona afectada para prevenir riesgos a la población ante al periodo de lluvias que se avecina.
La mina –propiedad de la Compañía Minera Suizo Mexicana SA de CV, filial de la trasnacional London Mining PLC, de Reino Unido– es operada por la empresa colimense Ardica Construcciones SA de CV, del empresario Claudio Jacobo Arias Díaz, quien años atrás estuvo asociado en algunos negocios con el actual secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos.
Regidores del ayuntamiento de Minatitlán denunciaron que pese al compromiso del gobierno estatal de resolver el problema al concluir la temporada de lluvias, el año pasado, la carretera continúa obstruida parcialmente en el kilómetro 43+200, y persiste el peligro latente de nuevos derrumbes del cerro, que podrían ocasionar una tragedia entre los automovilistas que transitan por esa vía que conduce a la capital del estado.
“Aunque en los estudios realizados se mencionó que en esa zona hay una falla geológica, sabemos que la responsabilidad de los daños es de la minera, porque nunca antes se había registrado un derrumbe en ese lugar, y casualmente ocurrió ahora que están extrayendo el mineral del cerro”, señaló en entrevista con Apro el regidor Rafael Vázquez Anguiano, presidente de la Comisión de Ecología del Cabildo de Minatitlán.
Añadió: “Nos preguntamos si acaso hay intereses particulares entre los dueños de la empresa y funcionarios gubernamentales, porque no les han exigido que hagan su trabajo y que dejen la carretera como estaba, lo más pronto posible, pues de lo contrario las lluvias van a generar un problema para los habitantes de nuestro municipio”.
A su vez, el regidor Francisco Campos Preciado consideró que el gobierno del estado ha sido “muy complaciente” con la empresa y “no sabemos hasta dónde lleguen los compromisos. Pudiera haber algún vínculo por ahí para que no quieran molestarla tanto, pero la verdad es que no se le ha exigido como debe ser, porque se concluyó que realmente la culpa de este problema la tuvo la minera”, subrayó.
Campos responsabilizó al gobierno de Colima de cualquier hecho lamentable que pueda ocurrir como consecuencia de los derrumbes, dado que no ha puesto la atención debida en el problema.
“El riesgo sigue ahí para los minatitlenses y todas las personas que transitan por aquí, ya que con las primeras lluvias se va a tapar otra vez toda la carretera”, apuntó.
Desde el 28 de noviembre de 2014, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Melchor Ursúa Quiroz, advirtió al entonces secretario de Desarrollo Urbano (Sedur) del gobierno estatal, José Fernando Morán Rodríguez, que de acuerdo con un análisis del Subcomité Técnico Científico Asesor para Fenómenos Geológicos, en las inmediaciones del área de explotación minera “existe una zona de peligro” que “define dos zonas de riesgo sobre la carretera”.
Mediante el oficio UEPC-530/14, del que envió copia al gobernador Mario Anguiano Moreno y a otros funcionarios estatales, Ursúa Quiroz abundó: “Con base en las mediciones realizadas desde julio a la fecha, se considera que el riesgo persiste, pero detuvo su tendencia a aumentar al cesar las lluvias; cabe mencionar que este comportamiento es común y está reportado en la literatura científica”.
Seis meses después de esta advertencia, pese a la cercanía del nuevo temporal de lluvias, el problema no ha sido resuelto por las autoridades.
Esto motivó que el alcalde Cicerón Alejandro Mancilla González enviara al gobernador Mario Anguiano, el pasado viernes 15, el oficio PM 070/15, en el que a nombre del Cabildo y el pueblo de Minatitlán expuso la preocupación de los habitantes por el “inminente riesgo” frente al “gran derrumbe en el kilómetro 43+200 (…) que está poniendo en peligro la vida de los ciudadanos que transitamos por esa carretera estatal hacia la capital del estado”.
Frente a esta situación, Mancilla González pidió al gobernador “su valiosa intervención y apoyo para que ante el inicio del periodo de lluvias, que es más inminente el riesgo de accidentes en dicho lugar, se dé inicio al retiro inmediato del material del derrumbe y la estabilización del talud, para evitar desgracias humanas”.
El secretario del ayuntamiento, Próspero Hernández Ponce, informó que después de una serie de pláticas con diversas dependencias y las empresas mineras Suizo Mexicana y Peña Colorada, se acordó que en un periodo de dos meses (febrero y marzo) se retiraría todo el material –un volumen de alrededor de 143 mil metros cúbicos– y se realizarían acciones para evitar nuevos derrumbes, pero sólo lo hicieron durante marzo y al iniciar la Semana Santa suspendieron los trabajos sin ninguna explicación.
Narró: “Peña Colorada aportó 750 mil pesos para el retiro de una parte del material, pero acabándose el dinero iba a haber participación de la Sedur y la minera Suizo Mexicana; inclusive nosotros como Ayuntamiento conseguimos un lugar para depositar ese material y pagamos 80 mil pesos a una empresa para que derribara árboles que podrían caer hacia la carretera”.
Sin embargo, agregó, “trabajaron cuando mucho cuatro o cinco semanas, supongo que hasta que se les terminó el dinero de Peña Colorada, y se fueron sin notificar nada al Ayuntamiento. Ignoro cuánto material retiraron, pero el problema ahí sigue; creemos que es urgente que se reanuden los trabajos, no sé si el gobierno del estado tenga que negociar con la empresa que trabaja la mina El Artillero, eso es cuestión de ellos”.
La relación del secretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez, con el propietario de Ardica Construcciones SA de CV, Claudio Jacobo Arias, se remonta a casi una década atrás, cuando ambos firmaron con el ingeniero Roberto Silva Salazar un contrato de asociación para urbanizar el predio Colinas de la Cruz, en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, donde posteriormente fue construido un fraccionamiento.
Posteriormente, Arias Díaz y Gutiérrez Villalobos fueron socios del Club de Futbol Volcanes de Colima, equipo apoyado por el entonces gobernador Silverio Cavazos Ceballos.
En el periodo 2007-2009, Jacobo Arias fue uno de los vicepresidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Colima, que era presidida precisamente por Gutiérrez Villalobos, quien dejó el cargo antes de concluir para incorporarse al equipo de transición del entonces gobernador electo Mario Anguiano, quien después lo nombró secretario de Fomento Económico del estado.
En su sitio web, la constructora Ardica se presenta como operadora de la mina a cielo abierto El Artillero, ubicada a 58 kilómetros del puerto de Manzanillo, con una producción de 300 mil toneladas anuales de mineral de hierro para exportación y que maneja alrededor de un millón de toneladas anuales de material estéril.
“El mineral producido es transportado hasta un patio de almacenamiento localizado a 3.5 kilómetros del recinto portuario de Manzanillo, de donde posteriormente es enviado para cargar el buque y con ello realizar su exportación”, informa la empresa de Jacobo Arias.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el proyecto “Extracción de mineral de fierro El Artillero”, el promovente es la Compañía Minera Suizo Mexicana SA de CV, que pretende extraer un volumen total de 1.17 millones de toneladas de mineral, durante un periodo de vida útil del proyecto de alrededor de cuatro años.
Perteneciente al grupo Anglo Mexican Mining LTD, la Compañía Minera Suizo Mexicana fue fundada en 2006 como compañía privada dentro de las empresas de minería de hierro en el estado de Colima.
A través de un comunicado emitido en agosto de 2007, la corporación London Mining PLC, de Reino Unido, anunció la adquisición de 49% del grupo Anglo Mexican Mining LTD, que a su vez posee 98% del proyecto minero El Artillero. (Pedro Zamora Briseño/Proceso)
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