COLIMA, Col. (apro).- Por unanimidad, el Congreso local ordenó al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) realizar una “auditoría exhaustiva” a la administración del exgobernador priista Mario Anguiano Moreno.
En particular a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Administración y Finanzas con el propósito de investigar el presunto desvío de recursos y posibles actos de corrupción.
Ante la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado panista Nicolás Contreras Cortés, ningún legislador del PRI hizo uso de la voz para defender al exmandatario surgido de las filas de su partido, sino que por el contrario, todos respaldaron que se le investigue.
De acuerdo con Nicolás Contreras, actualmente el gobierno del estado se encuentra en una crisis financiera derivada de la mala administración de los recursos públicos realizada por el anterior gobernador y demás funcionarios de su administración.
“Ha sido tal el daño a la hacienda estatal que se han presentado grandes dificultades para el pago de las prestaciones a los maestros, con atrasos en las mismas, siendo que dichos gastos están debidamente clasificados y presupuestados en la ley correspondiente”, dijo.
Como elemento de prueba, el legislador panista ofreció parte de la transcripción de un video de una rueda de prensa ofrecida en agosto pasado por el entonces gobernador, en la que declara sobre el manejo de los recursos económicos en la Secretaría de Educación del Estado lo siguiente:
“Hay recursos que estaban presupuestados, pero que empezaron a meter más personal del que se podía cubrir, entonces cuando llegaba la nómina se tomaban los fondos que se disponía para pagarles y entonces empezaron a dejar de pagar algunos compromisos que se tienen”.
Asimismo, Anguiano admite que había muchos maestros comisionados, por lo que se contrataron maestros eventuales para cumplir la tarea que los titulares venían realizando, y se les empezó a pagar sin estar considerados en una base presupuestal.
“Cuando llegaba la nómina se utilizaba el dinero que había, dinero que era a veces para cubrir algunas prestaciones de los maestros que no urgían en ese momento, pero que después empiezan a urgir y ya no hay los fondos para poder hacerlo”, reconoció el exmandatario.
Otro de los elementos utilizados para sustentar las presuntas irregularidades es un informe dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que se ofrecen resultados de la fiscalización del fondo educativo en el país, de 325 mil millones de pesos, en el que destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato.
También pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.
La ASF señaló que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo.
Además de lo anterior, señaló Contreras, existen denuncias de docentes que acudieron a las aulas a impartir clases pero no han recibido su respectiva remuneración. Ellos refieren que al presentarse ante el sindicato o con el anterior Secretario de Educación, éstos les indicaban que no tenían nombramiento u oficio de asignación, por lo que ante el sistema no existían.
Refirió que si bien las declaraciones del exgobernador se limitan a la Secretaría de Educación, “la contundencia de las mismas, abonadas a otras situaciones vividas en nuestro estado, como el adeudo a los jubilados y pensionados, la suspensión de programas sociales por falta de recursos y las dificultades en el pago de la nómina de los trabajadores al servicio del Estado, son signos inequívocos del desvío de recursos realizados en la administración anguianista, lo cual hace necesaria la intervención directa del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización”.
En la misma sesión del Congreso, la diputada panista Julia Lizeth Jiménez Angulo, presidenta de la Comisión de Responsabilidades, anunció el inicio de un juicio político contra el procurador general de Justicia, Marcos Santana Montes, y el exsecretario de la Sedescol, Rigoberto Salazar Velasco, por su intervención ilegal en la elección de gobernador anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la tribuna, la legisladora mencionó que con esto se atiende uno de los resolutivos de la sentencia del TEPJF, que dio vista al Congreso del estado para realizar la investigación correspondiente.
Días antes del final del sexenio de Mario Anguiano, Salazar Velasco renunció a la titularidad de la Sedescol, puesto en el que el gobernador interino, Ramón Pérez Díaz, nombró a Rubén Pérez Anguiano, exsecretario de Cultura.
Mientras tanto, a cuatro días de haber asumido el cargo, el mandatario no ha nombrado a un nuevo procurador de Justicia, por lo que Marcos Santana se mantiene en el puesto.
Por Pedro Zamora
Fuente: Proceso
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