Con relación a la diligencia que llevó a cabo el Ministerio Público el pasado jueves en las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la Procuraduría General de Justicia del Estado hace las siguientes precisiones:
1.- Por conducto del secretario general de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el licenciado Roberto Rubio Torres, el Poder Judicial del Estado denunció ante el Agente del Ministerio Público hechos que pudieran ser constitutivos de un delito y que se estaban cometiendo flagrantemente, por lo que solicitó la presencia del Representante Social a fin de que diera fe de los mismos y procediera conforme a sus atribuciones legales.
2.- Dichos actos derivan del acuerdo tomado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para rescindir la relación laboral a Rumualdo García Mejía, quien se desempeñaba como proyectista de la segunda sala penal especializada en justicia para adolescentes.
3.- A fin de cumplir el acuerdo del pleno que tenía como consecuencia la recuperación del equipo que tenía bajo su resguardo García Mejía, personal del propio tribunal acudió a su oficina para recogerlo, pero esta acción fue impedida por la magistrada Rocío López Llerenas Zamora, quien además ordenó al personal a su mando llevar el equipo de cómputo y otros materiales a su oficina, donde los mantuvo bajo llave.
4.- Ante esta negativa, el secretario general de acuerdos solicitó los servicios de un cerrajero y recuperó el bien mueble sustraído, del que el Ministerio Público sólo dio fe como parte de la diligencia que llevó a cabo en el referido lugar, sin que se haya suscitado incidente alguno entre la Magistrada y el personal de la Procuraduría.
5.- La presencia del Ministerio Público en el lugar de los hechos, obedeció a las obligaciones establecidas en la ley a fin de evitar que se pierdan o destruyan evidencias de la comisión de un delito y en caso de acreditarse que existe un delito flagrante, proceder a la detención de los responsables, para lo cual contó con el auxilio de agentes de la Policía de Procuración de Justicia, a quienes una vez en el lugar se les solicitó dejar sus armas de cargo en el ingreso del edificio y así lo hicieron, permaneciendo desde ese momento desarmados y a distancia prudente, sin intervenir en las acciones realizadas por el secretario general de acuerdos del Tribunal para recuperar el equipo, y sin tener contacto físico con alguien.
6.- Por todo lo anterior, las declaraciones que la magistrada Rocío López Llerenas Zamora hiciera a un rotativo local son completamente falsas, toda vez que los Elementos de la Policía de Procuración de Justicia en ningún momento allanaron, ni sustrajeron computadoras, con los expedientes electrónicos de la Sala Penal del Poder Judicial, ni de la oficina de la citada magistrada.
Como falso es también que dichos elementos hayan estado armados y que hayan retirado a empujones a la Magistrada, ya que en ningún momento tuvieron contacto alguno con ella, dichos policías únicamente permanecieron a distancia a la expectativa y a la orden del Ministerio Publico, como lo establece la ley para los casos de delito flagrante.
Es falso de igual manera que los agentes ministeriales hayan colocado cadenas y cerraron los ingresos al Poder Judicial, sin permitir la entrada o salida de personal del Supremo Tribunal.
La Procuraduría General de Justicia del Estado reitera que la actuación del Ministerio Público y demás personal de la procuraduría, se dio en estricto apego a lo que marca la ley y así se encuentra acreditado en la averiguación previa que al respecto se integra.
Finalmente ratifica su compromiso con la sociedad, sin dar margen alguno a la impunidad, por lo que todo acto que transgreda la ley penal, será investigado y resuelto conforme a la ley
No hay comentarios:
Publicar un comentario