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| Grupo Reforma exhibe al magistrado Luis Vargas |
Néstor Raúl Avila Martínez
Director General
México, Distrito Federal (Blog del Alacrán).- El Presidente de México habló esta mañana de la sospechosa forma en que incremento su patrimonio el magistrado electoral José Luis Vargas Valdez.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar el origen de los recursos millonarios detectados por la UIF al Magistrado electoral José Luis Vargas.
Dijo que se va investigar, la autoridad competente investigará el origen del dinero, se le va a seguir la pista "Hay cosas que no se pueden ocultar y una de ellos es el dinero", aseguró AMLO.
El magistrado electoral José Luis Vargas, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó presuntos movimientos irregulares en sus cuentas bancarias que lo llevaron a cuadruplicar sus ingresos en el periodo de 2013 a 2017, fue uno de los abogados participantes en la defensa de la elección del ahora gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.
De acuerdo con una nota publicada este lunes por el diario Reforma, el magistrado integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió depósitos en efectivo, aportaciones de gobiernos estatales y tuvo manejos millonarios en tarjetas de crédito, además de que se revisa la adquisición de dos inmuebles.
Reportes oficiales señalan que en las últimas cinco declaraciones anuales realizadas por el abogado ante Hacienda se observa una evolución extraordinaria de sus ingresos.
“Mientras que en abril de 2013, cuando ejercía como abogado de asuntos electorales, declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos; para 2017, ya como Magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron al declarar 7 millones 270 mil 317”, refiere.
Sólo en su primer año como Magistrado, cargo que asumió el 4 de noviembre de 2016, Vargas incrementó sus ingresos en un 54 por ciento.
Según la legislación vigente, los Magistrados electorales están impedidos a recibir otros ingresos laborales o profesionales que no sean los de su encargo judicial. Conforme el artículo 101 de la Constitución no pueden aceptar ni desempeñar ningún empleo o encargo gubernamental o de particulares, salvo labores académicas no remuneradas.
Cálculos realizados por el periódico Reforma establecen que un magistrado de la Sala Superior podría alcanzar ingresos anuales brutos de hasta 4 millones 451 mil 601 pesos, considerando prestaciones, mientras que los ingresos de Vargas, según su declaración anual 2017, fueron superiores en 63 por ciento con respecto a lo máximo que podría recibir.
Además de esta diferencia, la UIF tiene reportes de movimientos por 14 millones 96 mil 478 pesos durante dos años, entre 2016 y 2018, en una tarjeta American Express a nombre del magistrado.
Otro movimiento presuntamente irregular en sus cuentas, del que da cuenta la nota informativa, corresponde a un depósito de 500 mil pesos del Gobierno de Sonora. Atenido a la prohibición constitucional, resulta inusual e irregular que un Magistrado reciba un depósito tan alto de un Gobierno estatal para el que no puede prestar servicios.
También son revisados en sus cuentas tres depósitos en efectivo: uno del 2016 por 400 mil y otros dos en 2018, año en que tomó decisiones electorales trascendentales, uno por 200 mil pesos, operado el 13 de julio, y otro por 220 mil, el 17 de septiembre.
En 2017, el diario La Jornada dio cuenta de que el magistrado Vargas durante sus primeros meses en el cargo asumido un año antes se declaró impedido para participar en la discusión y resolución de al menos cinco recursos, por haber sido abogado del priísta José Ignacio Peralta.
“Todos los expedientes están relacionados con los comicios efectuados en esa entidad en 2015, que luego fueron anuladas, ya que Vargas Valdez, en el libre ejercicio de su profesión de licenciado en derecho, figuró como autorizado para oír y recibir notificaciones de una de las partes, según los acuerdos tomados por la sala superior”, informó el diario.
En 2015, Vargas Valdez formó parte del equipo jurídico que contrató la coalición PRI-Nueva Alianza-Partido Verde-PT, y que interpuso el juicio de inconformidad JI-19/2015 contra el cómputo estatal final de la elección de gobernador.
Por esa razón, el 18 de enero Vargas Valdez tuvo que retirarse de la sala superior cuando los otros magistrados se disponían a discutir las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral a Peralta y la coalición, por haber repartido roscas de Reyes, cubetas y pelotas durante la campaña por la gubernatura.
Al final, cuatro magistrados quitaron una multa de 36 mil 250 pesos impuesta al gobernador y casi 33 mil pesos a cada uno de los partidos de la alianza.
Otro asunto está relacionado con la remoción de la ex consejera presidenta del Organismo Público Electoral de Colima Felícitas Valladares, debido a que dio datos erróneos de los resultados electorales registrados en aquellas elecciones, en las que Peralta compitió contra el panista Jorge Luis Preciado, dio a conocer en su momento La Jornada.
NOTA PUBLICA EN LA JORNADA: MAGISTRADO ABOGADO DE NACHO PERALTA
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de enero de 2017, p. 15
Tras dos meses y medio en funciones, el magistrado José Luis Vargas Valdez, de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se declaró impedido para participar en la discusión y resolución de al menos cinco recursos, por haber sido abogado del ahora gobernador de Colima, el priísta José Ignacio Peralta.
Todos los expedientes están relacionados con los comicios efectuados en esa entidad en 2015, que luego fueron anuladas, ya que Vargas Valdez, en el libre ejercicio de su profesión de licenciado en derecho, figuró como autorizado para oír y recibir notificaciones de una de las partes, según los acuerdos tomados por la sala superior.
Por unanimidad, los otros seis magistrados de dicha instancia declararon procedentes las solicitudes de excusa presentadas por su colega, porque puede afectar la imparcialidad del juzgador, indican las copias de los incidentes.
Señalaron que los integrantes de dicha sala tienen la obligación de excusarse de intervenir en los asuntos que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos, o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones laborales.
En 2015, Vargas Valdez formó parte del equipo jurídico que contrató la coalición PRI-Nueva Alianza-Partido Verde-PT, y que interpuso el juicio de inconformidad JI-19/2015 contra el cómputo estatal final de la elección de gobernador.
En la copia de dicho recurso figura su nombre junto a los de los abogados Peter Bauer Melgenberg, Alejandro González Durán, Diego Suárez Beristain, Adrián Menchaca García, Adrian Alejandro Hernández García, como quienes podrían oír y recibir notificaciones.
Por esa razón, el 18 de enero Vargas Valdez tuvo que retirarse de la sala superior cuando los otros magistrados se disponían a discutir las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral a Peralta y la coalición, por haber repartido roscas de Reyes, cubetas y pelotas durante la campaña por la gubernatura.
Al final, cuatro magistrados quitaron una multa de 36 mil 250 pesos impuesta al gobernador y casi 33 mil pesos a cada uno de los partidos de la alianza.
Otro asunto está relacionado con la remoción de la ex consejera presidenta del Organismo Público Electoral de Colima Felícitas Valladares, debido a que dio datos erróneos de los resultados electorales registrados en aquellas elecciones, en las que Peralta compitió contra el panista Jorge Luis Preciado.
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