El ADN de Jenny Rivera

Por: Sanjuana Martínez (Sinembargo.mx)

El despliegue mediático por la trágica muerte de la cantante Jenni Rivera es digno de antología. Las horas que la televisión mexicana le ha dedicado al asunto son un auténtico exceso. Decenas de enlaces en directo, programas especiales, recuento detallado de su polémica y agitada vida personal y profesional, y miles de noticias diarias han llenado los periódicos, las revistas, la radio y la televisión. Supongo que para sus fans esos excesos en la prensa están totalmente justificados. Incluso hay quien considere que la cobertura informativa fue conforme a la trascendencia y el arraigo popular del personaje; una cantante que en lo personal admiro más como mujer por su lucha guerrera para sacar adelante a sus hijos y enfrentar la adversidad amorosa de pareja, que por su talento musical. Pero no deja de extrañarme la banalidad y la frivolidad existentes en un país que produce semejante atención y cúmulo de información por una cantante y no lo hace por un escritor, me refiero concretamente a Carlos Monsiváis o Carlos Fuentes, por ejemplo. Más allá de la saturación del fenómeno de la muerte de Jenni Rivera, de las notas que hacen referencia a la teoría de la conspiración con supuestas amenazas de muerte o la participación de algún cártel de la droga en su muerte, lo que verdaderamente me sorprende es la celeridad para solucionar el problema de la identificación de restos. Concretamente me refiero al rápido y efectivo trabajo de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y su departamento de medicina forense. Por lo general, las pruebas de ADN para la identificación de restos y el correspondiente cruce de datos genéticos con sus familiares, tarda alrededor de un año, al menos eso es lo que han esperado familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos. En cambio, en el caso de Jenni Rivera las pruebas de ADN fueron entregadas en el tiempo récord de dos días. El servicio médico forense del Hospital Universitario de Monterrey analizó rápidamente nada menos que 762 restos para determinar la identidad de las siete personas que murieron en el avionazo de Iturbide, Nuevo León. Comprendo que en nuestro México clasista hay mexicanos de primera y de segunda clase, pero aprovecho la oportunidad ilustrativa de la capacidad de trabajo de esta dependencia para abordar un tema de suma importancia: la urgencia de acelerar los trámites periciales de identificación de cadáveres y restos. El gran reto del gobierno de Enrique Peña Nieto será abordar el tema de los desaparecidos. Su gobierno es el responsable de asumir, la herencia maldita de la administración de Felipe Calderón: 300 mil desaparecidos, según los últimos datos del censo del INEGI y de acuerdo a la investigación de dos académicas que se tomaron el trabajo minucioso de analizar el fenómeno más lacerante de nuestra historia reciente. Pues bien, Peña Nieto tiene la obligación de decirnos dónde están esos 300 mil desaparecidos y los 120 mil migrantes centroamericanos desaparecidos durante su paso por México para alcanzar el sueño americano. México es un territorio lleno de fosas comunes. Las oficiales que los distintos gobiernos estatales van abriendo para enterrar miles de muertos sin identificar y las clandestinas cavadas por el crimen organizado para enterrar un pasado ominoso que tardaremos décadas en desenterrar. El nuevo inquilino de Los Pinos tiene además la responsabilidad de decirnos la identidad de los 20 mil cadáveres que guardan los departamentos forenses. Personas que siguen esperando en una fosa común o en un cuarto frío de cualquier anfiteatro, que alguien analice su ADN y lo cruce con las miles de pruebas de ciudadanos que andan buscando a sus familiares desde hace años. Peña Nieto tendrá además que acelerar el funcionamiento de un banco nacional de ADN para atender la gran demanda de los familiares de los 300 mil desaparecidos. Un banco con personal debidamente capacitado para realizar y analizar las pruebas de ADN en un tiempo razonable. Y los más importante, el señor que ocupa la Silla del Águila deberá crear una Comisión de la Verdad para determinar el paradero de esos 300 mil ciudadanos. Una comisión que analice el período ignominioso calderonista que dejó una estela de dolor con miles de crímenes de Estado. Una comisión que logre el procesamiento de criminales de guerra en el Ejército, la Marina y las distintas policías, quienes cometieron delitos como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. México no puede cerrar los ojos ante la urgente necesidad de reconstruir el tejido social. Para cerrar las heridas de la guerra se requiere la revisión del pasado reciente, el acceso a la justicia y la reparación del daño. Cada mexicano dañado, lastimado y afectado por la guerra es una afrenta para todos los mexicanos, para el país en general. Por eso resulta ofensivo ver que para algunos, el sistema funciona de manera expedita y eficiente, mientras otros tienen que sentarse en la larga fila de la indolencia gubernamental. Cada familiar de un desaparecido se parece a los padres y hermanos de la cantante Jenni Rivera. Todos, han vivido el dolor de hacerse las pruebas de ADN, la angustia de no saber si esos restos encontrados pertenecen al ser amado. Todos, han padecido la desesperación por determinar si hay que cavar una tumba o seguir buscando. Todos, han deseado acelerar los trámites para dejar de sufrir la incógnita, el limbo permanente de la incertidumbre. No se vale, sostener la mentira de que ante la ley todos somos iguales. El fatídico accidente aéreo de la cantante lamentablemente demuestra lo contrario. Jenni Rivera se merecía que en dos días analizarán su ADN, pero también los miles de desaparecidos y sus familiares merecen la celeridad ansiada para cerrar su ciclo vital. Las diferencias de trato son una afrenta para todos. Es hora de sentirnos ofendidos ante el dolor de los demás.