Eduardo Guerrerro Gutiérrez
Diario El Financiero
Publicado el 19 de octubre 2015
Hace casi doce años, la mañana del 4 de noviembre de 2003, tres perros muertos amanecieron en la entrada del Congreso de Colima.
Sobre los cuerpos de los animales se leían los nombres “Fernando”, “Gustavo” y “Sam”. Para los colimenses, el mensaje era claro: se trataba de una amenaza para Fernando Moreno Peña, quien días antes había concluido su periodo como gobernador; para Gustavo Vázquez Montes, quien asumiría la gubernatura el año siguiente; y para Jesús Antonio Sam López, quien se desempeñaba en ese entonces como procurador general de Justicia estatal, aunque también tenía una larga trayectoria en el sector seguridad (había sido director de la Policía Judicial del Distrito Federal durante el sexenio de Luis Echeverría). De las tres figuras que fueron blanco de la amenaza en 2003, el exgobernador Moreno Peña acaba de salir del hospital, después de recibir cuatro impactos de bala el lunes de la semana pasada; y Gustavo Vázquez Montes falleció en un sospechoso accidente aéreo en 2005, siendo gobernador en funciones. Sam López, por su parte, murió de cáncer en 2010.
Existen distintas hipótesis sobre el atentado de la semana pasada en contra del exgobernador de Colima. Una posibilidad es que guarde relación con el conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y elCártel de Sinaloa, pues ambas organizaciones buscan controlar la entrada al país de drogas y precursores químicos por medio de Manzanillo, el puerto de carga más importante del Pacífico mexicano.
De hecho, el día previo al atentado en contra de Moreno Peña circuló información sobre un enfrentamiento en la ciudad de Colima, después de que un grupo de sicarios del Cártel de Sinaloa irrumpiera en un inmueble en el que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho,celebraba una reunión. Según esta información El Mencho logró escapar, pero 20 de sus sicarios fueron ejecutados.
Otra posibilidad es que el atentado se vincule con la rivalidad entre el grupo de Moreno Peña, quien es cercano a Ignacio Peralta, el gobernador electo, y el grupo de Mario Anguiano, el gobernador saliente, quien hizo todo lo posible por evitar que Peralta ganara las elecciones, a pesar de que ambos militan en el PRI. Al respecto, cabe señalar que Moreno Peña y Anguiano se reunieron apenas doce horas antes de que ocurriera el atentado, aunque se desconoce el motivo de la reunión.
Tampoco se puede descartar que el atentado se relacione con un agravio del pasado, tal vez incluso con los perros muertos en 2003. En Colima, la violencia y el contubernio con el crimen organizado han marcado desde hace años a la clase política. Un sobrino de Moreno Peña, Samuel Rodríguez Peña, estuvo implicado en el homicidio deSilverio Cavazos, otro exgobernador. Según las indagatorias, Samuel Rodríguez Peña era abogado de Gerardo Mendoza Chávez, El Flaco, operador de La Familia Michoacana en Colima. Por otra parte, la familia Cavazos responsabiliza directamente a Fernando Moreno Peña por el homicidio. Después del atentado de la semana pasada, un familiar de Silverio Cavazos publicó en Facebook el mensaje “Ojo por ojo, diente por diente”.
El atentado en contra del exgobernador Moreno Peña se inscribe en un contexto más amplio de agresiones. En los últimos años, junto con el escalamiento de la violencia del crimen organizado, hemos registrado también un incremento de la violencia política, o más precisamente de la violencia en contra de políticos y funcionarios de alto nivel. Esta violencia es particularmente preocupante, pues es un mecanismo que permite a los criminales corromper estructuras gubernamentales completas. Por ello, es fundamental esclarecer los ataques contra políticos y autoridades. En el caso del atentado contra Moreno Peñalas autoridades tienen una oportunidad muy valiosa. Los agresores del exmandatario ya fueron identificados (de hecho, habían sido detenidos días antes por portación de armas, pero salieron bajo fianza).
Desafortunadamente, la falta de autonomía real por parte de las fiscalías de los estados es una limitante para que las autoridades investiguen a fondo agresiones con motivaciones políticas. Por lo general, los ataques contra funcionarios se atribuyen a un capo o a un mando policial, pero no se investigan a fondo las redes de protección institucional que los criminales construyen con base en el soborno y la intimidación de los funcionarios. En el caso de Colima, estas redes podrían incluir a una parte importante de la clase política local. Por lo pronto, la participación de la PGR será fundamental para tener alguna explicación del atentado contra Fernando Moreno Peña. Sin embargo, sería conveniente plantear mecanismos para que todas las amenazas, ataques y homicidios en contra de candidatos, gobernantes, exgobernantes y otros funcionarios sean investigados desde la futura Fiscalía General de República. Sólo de esta forma tendremos alguna posibilidad de evitar que —como ha pasado por años en Colima— las clases políticas locales sigan siendo uno de los blancos centrales de los conflictos entre organizaciones criminales.
Twitter: @laloguerrero
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