viernes, 26 de junio de 2015

Abogados están en contra de la propuesta del Gobernador

La Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, manifestaron su preocupación sobre la iniciativa del gobernador Mario Anguiano para la creación de la Fiscalía General del Estado.
En rueda de prensa, el presidente de la Federación, Francisco Vasconcelos Morán, expuso que existen ciertas inconsistencias que no permiten que sea integral y transparente.
Entre estas, dijeron estar en desacuerdo en que dicha Fiscalía se integre con otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública y C4.

“La seguridad pública es una facultad plena otorgada al gobernador conforme a la propia Constitución Política Federal y la cual no se debe delegar en el Fiscal”, expresó.
Los abogados manifestaron que debe ser un órgano descentralizado y con personalidad jurídica y patrimonio propio, además que sea designado el Fiscal por el Congreso local y no por el gobernador.
Pidieron que para elegir al Fiscal se debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos haber aprobado los exámenes de control y confianza en los términos de ley, que el mínimo de edad del aspirante al cargo sea de 35 años cumplidos.
“Que se incluyan también los demás requisitos que establece el artículo 69 de la Constitución Política del estado, sobre los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado del Poder Judicial”, indicó.
Vasconcelos Morán dijo que se debe especificar en la iniciativa cuáles son las causas graves por las que el Fiscal General podrá ser removido y por quién.
Por su parte el Presidente del Colegio de Juristas Colimenses A.C. Lic. Néstor Raúl Avila Martínez, quien no estuvo presente en la rueda de prensa, dijo que respalda al líder estatal de los abogados organizados Francisco Vasconcelos Morán, toda vez que analizaron la iniciativa del Gobernador Mario Anguiano, misma que fue presentada al Congreso del Estado por el Procurador de Justicia Marcos Santana Montes y no esta completa, además esta limitada, hecha para que el actual procurador sea el primer fiscal por un periodo de nueve años sin especificar sanciones en caso de alguna irresponsabilidad, por lo que debe haber mesas de trabajo para que los legisladores no aprueben una ley al vapor.

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